La oposición ya anticipó su voto en contra en el Congreso.
La crisis institucional que padece Argentina debido al enfrentamiento que existe entre los poderes Ejecutivo y Judicial se profundizó luego de que el presidente anunciara que promoverá un juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, así como una investigación del resto de los miembros del máximo órgano de justicia.
El reclamo del mandatario se basa en recientes escándalos que han demostrado la indebida connivencia de jueces, empresarios y funcionarios opositores, ya sea a través de viajes conjuntos o de conversaciones filtradas que, supuestamente, prueban conspiraciones para atacar al Gobierno.
A ello se suma la parcialidad partidista de los fallos de la Corte Suprema, a quienes el presidente acusa de actuar como parte de la oposición y no con la independencia que demanda la Constitución.
“En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre funcionarios judiciales y políticos de oposición”, señaló Fernández en un comunicado.
Gracias a dichas filtraciones, agregó, han quedado “impúdicamente expuestos” las conductas y los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos opositores que anticipan decisiones y recomiendan fundamentos jurídicos para sustentar sus fallos de trascendencia institucional.
Fernández recordó que su deber es promover acciones cuando el sistema federal sea puesto en crisis, como ocurrió el mes pasado cuando la Corte le dio la razón al conservador jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en un amparo que había interpuesto contra el Gobierno nacional para recuperar millonarios fondos derivados de la recaudación de impuestos.
Por ello, Fernández convocó a los gobernadores que apoyaron al Gobierno nacional en esta disputa para que, en conjunto, impulsen el juicio político contra Rosatti con el fin de que se investigue su conducta al frente de la Corte.
“También requerimos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, añadió en referencia a los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.
El presidente anticipó que, por otra parte, promoverá a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las acciones penales pertinentes para investigar los presuntos hechos de corrupción que, de acuerdo con una de las filtraciones, involucran a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Negativa
Juntos por el Cambio, la conservadora y principal coalición opositora de Argentina, advirtió que el juicio político contra Rosatti no va a prosperar.
“La trasnochada pretensión del presidente de la nación y el kirchnerismo, de pedir juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”, aseguró en un pronunciamiento previsible, ya que son varios los miembros de esta coalición los que están involucrados en el escándalo de connivencia con jueces, en particular funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
“Así como no pudieron con la reforma judicial, la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros, esta vez, tampoco podrán”, añadió el bloque opositor al considerar que los dichos del presidente forman parte de “maniobras desesperadas contra la Justicia” que “evidencian una vez más que el único objetivo de este Gobierno es la búsqueda de impunidad”.
Añadió, además, que al Gobierno solo le interesa tener “una justicia sometida” porque carece de empatía con los argentinos y “solo se preocupan por ellos y sus causas judiciales”.
Un “escandaloso” chat revela el vínculo entre el macrismo y la Corte Suprema de Argentina
Más allá del anuncio presidencial, el camino es largo y complejo, ya que la denuncia contra el presidente de la Corte primero debe ingresar a la Cámara de Diputados, órgano que lo designará para su análisis en la Comisión de Juicio Político.
Si la Comisión lo aprueba, entonces deberá someterse a debate y votación ante el pleno. Solo avanzará si cuenta, por lo menos, con dos tercios de los 257 diputados que integran este poder legislativo, es decir, 171 votos y el oficialismo solo cuenta con 118 representantes.
Además, el Congreso recién comienza sesiones el 1 de marzo, y el juicio político solo podría discutirse antes si se convocan a sesiones extraordinarias que la oposición impugnará.
