Organismos de derechos humanos marcharán para recordar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los represores.
Victoria Villarruel, candidata a la vicepresidencia de la fórmula que encabeza Javier Milei en Argentina, ha desatado un escándalo por organizar un evento oficial que niega los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante la última dictadura en ese país (1976-1983) y que, de acuerdo con los organismos de derechos humanos, dejaron un saldo de 30.000 desaparecidos.
“Homenaje a las víctimas del terrorismo” es el nombre del acto que se realizará la tarde de este lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se ha convocado una marcha de repudio ante el negacionismo que empieza a inundar el debate público, justo el año en el que se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia.
Villarruel, quien es actualmente diputada, se hizo conocida hace décadas por crear una organización que promueve la llamada “teoría de los dos demonios”, una narrativa que pretende hacer creer que en Argentina una hubo una guerra entre partes equivalentes: por un lado, los militares que dieron el golpe de Estado en 1976, y por otro las guerrillas Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Sin embargo, la jurisprudencia internacional establece que delitos como secuestros, torturas, homicidios y desapariciones, que cometen los representantes estatales, tienen una gravedad intrínseca porque las autoridades tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y de ser los primeros en cumplir las leyes. Cuando no lo hacen, como en este caso, se trata de crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben.
Además, en el caso de Argentina está demostrado que la dictadura aniquiló a las guerrillas en pocos años, pero continuó la represión de manera indiscriminada en contra de todos los opositores, ya fueran sindicalistas, intelectuales, estudiantes universitarios, docentes o activistas de derechos humanos.
Villarruel representa a un sector de la sociedad que respaldó el golpe de Estado y que siempre ha defendido a los militares y relativizado sus crímenes, pero ahora su figura pública adquirió mayor relevancia al ser parte de la fórmula que ganó las elecciones primarias realizadas el pasado 13 de agosto.
De hecho, jamás ha reconocido que en Argentina hubo terrorismo de Estado, algo que han dictaminado incluso tribunales internacionales. Para Villarruel, el terrorismo solo lo cometieron las guerrillas y los militares lo único que hicieron fue “poner orden”.
Inadmisible
En el evento de este lunes participarán Lorenza Ferrari, madre de Laura, una estudiante de 18 años que murió por la explosión de un coche bomba de Montoneros en 1975; Graciela Saraspe, hija de Héctor Saraspe, el encargado de un bar que fue asesinado por el ERP en 1974; y el de Arturo Larrabure, hijo de de un militar secuestrado y asesinado por el ERP.
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La selección de víctimas no es casual, ya que estos crímenes se cometieron justo antes del golpe de Estado, lo que pretendería justificar la “necesidad” de que los militares tomaran el poder para terminar con las guerrillas.
Durante el fin de semana, hubo una activa movilización en redes sociales por parte de periodistas y miembros de organismos de derechos humanos que recordaron que, entre muchos otros, Villarruel visitaba en prisión al fallecido dictador Jorge Rafael Videla; al policía Miguel Etchecolatz, quien fue uno de los represores más temibles durante la dictadura; y a Alberto González, condenado por delitos sexuales contra mujeres secuestradas.
La diputada también niega el número de víctimas y la existencia de los centros clandestinos de represión, y minimiza el hecho de que los represores hayan robado alrededor de 500 bebés o niños, de los cuales Abuelas de Plaza de Mayo han logrado recuperar a 133.
Junto con la convocatoria para marchar este lunes a la Legislatura, se multiplicaron los pronunciamientos en contra de Villarruel. La organización de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, denostó el intento de defender a genocidas.