Mao, Valverde. – Una jueza de la Oficina de Atención Permanente dictó medidas de coerción contra cuatro pasantes de medicina y una alcaldesa pedánea del municipio de Esperanza, acusadas de participar en el escándalo de falsificación de actas de defunción que ha conmocionado a esta provincia.
Las imputadas, arrestadas la semana pasada tras acudir a una citación en la Fiscalía de Mao, deberán cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país. La magistrada rechazó la solicitud de garantía económica planteada por el Ministerio Público.
El tribunal declaró el caso complejo, lo que otorga un plazo de investigación de un año. El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Valverde, doctor Juan Carlos Santos, respaldó la decisión judicial y reiteró que las pasantes de medicina carecen de facultad legal para firmar actas de defunción.
En este proceso también figura como principal acusado Máximo Mendoza, señalado como cabecilla de la presunta red, quien guarda prisión preventiva desde hace dos semanas. Las autoridades investigan a este grupo por supuestamente declarar como muertas a personas vivas, con fines aun bajo indagación.
La Fiscalía asegura que continuará profundizando en el caso para determinar responsabilidades y evitar que estas prácticas fraudulentas se repitan.
Principal implicado se encuentra arrestado
Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde, al establecer el Ministerio Público con diferentes evidencias ante el citado tribunal que registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). Su proceso, además, lo declararon complejo.
Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos. Mismos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Según se ha establecido, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública. Posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
Los registros de defunción se llenaron por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro arrestadas. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos en diferentes unidades de Atención Primaria de Valverde.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), están a cargo del caso.
Detalles de las investigaciones
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito es que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos. Mismos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona, fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
En este caso, el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional. Así como de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Al grupo se le imputa de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, |147 y 148 del Código Penal Dominicano. También los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
