La Fiscalía y la defensa coinciden en la petición, mientras las acusaciones se centran en solicitar que el presidente español testifique.
El Ministerio Público ha vuelto a solicitar el archivo de las investigaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el argumento de que «la mera relación conyugal» entre ambos no puede traducirse en delito.
Con respecto a la acusación de tráfico de influencias, la Fiscalía sostiene que no se ha acreditado la expectativa de ningún beneficio económico y que «se ha hablado» del presunto delito «con cierta generalidad, sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos», refiere el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal también pide el archivo del resto de delitos, salvo que quieran forzarse «los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado y con presunciones en contra de los investigados», dice el escrito.
Las defensas también piden el archivo
Tanto la defensa de Gómez, como los abogados de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado el archivo de las actuaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
La esposa de Sánchez se defiende ante el juez: «No fui contratada por ser la mujer del presidente»
La causa se abrió a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haber utilizado su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.
Posteriormente, el juez Juan Carlos Peinado abrió nuevas líneas de investigación durante una instrucción que ha sido calificada de polémica y que, en opinión de analistas críticos, se ha convertido en una causa prospectiva, algo prohibido en el ordenamiento jurídico español.
Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por la organización ultraderechista Hazte Oír, han pedido que Sánchez testifique. El presidente ya compareció ante el juez en julio de año pasado, cuando se acogió a su derecho a no declarar.
