Hasta ahora ese derecho solo regía en Ciudad de México y en Oaxaca.
El Congreso del estado mexicano de Hidalgo hizo historia este miércoles al aprobar, con 19 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación sin mayores requisitos que la voluntad de la mujer.
De esta forma, Hidalgo se convirtió en el tercer estado en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, ya que hasta ahora rige únicamente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Los feminismos todavía tienen por delante una ardua tarea para que este derecho se expanda a los 32 estados del país.
Este fue el segundo intento de reformar la ley en Hidalgo, ya que la misma iniciativa había sido rechazada en diciembre de 2019. Sin embargo, año y medio de una reforzada militancia feminista sirvió para conseguir la mayoría de votos que se necesitaban.
La iniciativa reformó el Código Penal y la Ley de Salud estatales para que las personas gestantes puedan abortar hasta la semana 12, sin mayores requisitos. Si la interrupción se realiza después de ese plazo, se mantiene una penalidad de hasta un año de prisión y de hasta 40 días de multa.
Gracias a este proyecto, ahora el gobierno estatal tendrá que garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los servicios públicos y privados de salud.
Aunque los profesionales de la salud podrán argumentar objeción de conciencia para negarse a practicar un aborto, estarán obligados a derivar a la solicitante con otro médico que no tenga limitaciones.
Resistencias
Hidalgo formaba parte de los siete estados mexicanos que en los últimos dos años habían rechazado reformas para dejar de penalizar a las mujeres que interrumpen de manera voluntaria sus embarazos.
De hecho, la víspera el Congreso de Baja California Sur votó en contra de este derecho, por lo que la atención ahora estaba puesta en si el panorama por fin cambiaría en Hidalgo, lo que finalmente ocurrió.
En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en legalizar el aborto. Oaxaca se le sumó más de una década después, al aprobarlo a fines de 2019.
Desde entonces, los feminismos fortalecieron su activismo en cada estado, pero se encontraron con fuertes resistencias.
Por eso, en marzo de 2020 la reforma fue rechazada en Querétaro, en donde comisiones del Congreso se negaron a incorporar el peligro de vida de la madre y la malformación genética del producto como causales de despenalización. Allí se aplica una de las legislaciones más restrictivas de todo el país, ya que el aborto solo está permitido si fue imprudencial o producto de una violación.
Lo mismo ocurrió dos meses más tarde en Guanajuato, que tiene idénticas limitaciones y en donde se presentaron iniciativas para ampliar causales y despenalizar hasta la semana 12 de gestación, pero ambas fueron rechazadas en comisiones. Es decir, el debate ni siquiera llegó al pleno.
El agitado año de los activismos feministas en México continuó en junio de 2020, cuando el proyecto de despenalizar el aborto en Michoacán fue rechazado por mayoría en el Congreso local.
La discusión llegó un mes después hasta la Suprema Corte de Justicia, que tuvo que analizar un dictamen elaborado por uno de los magistrados que le ordenaba al Congreso de Veracruz que reformara su Código Penal para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, pero finalmente la Primera Sala votó por mayoría en contra de la propuesta, lo que desató protestas multitudinarias.
Más tarde, colectivos feministas mantuvieron tomados los congresos de Quintana Roo y Puebla y obligaron a que se debatiera la despenalización del aborto, aunque las reformas finalmente no prosperaron en ninguno de los dos casos.
