El Conape aboga por incluir sanciones contra quienes abusan y maltratan a este segmento poblacional,

Santo Domingo.- La población de más de 65 años en República Dominicana, con sus 666,952.3 personas, representa el 9.7% de la población total, proyecta su crecimiento para el 2025, alcanzando un 12.5% con más de 60 años, y un 21.4% en 2050, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en inglés).

Sin embargo, en medio de esta etapa dorada de la vida, se vislumbran sombras de abuso que empañan su resplandor. Los conflictos económicos se erigen como uno de los desencadenantes de estas situaciones.

De acuerdo con cifras del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), la actual gestión ha recibido más de 2,000 denuncias por abusos a los adultos mayores en el país. Dentro de esta cifra, alrededor del 4% (81 casos) se atribuyen a conflictos económicos. Entre estos abusos se cuentan la explotación financiera, la indebida apropiación de recursos y activos, así como la falta de atención adecuada derivada de limitaciones económicas.

Además, se han registrado otros tipos de abusos hacia los ancianos a nivel nacional: conflictos familiares con 485 casos; abusos físicos (73), psicológicos (237), legales (304), abandonos en hogares (277), abandonos en hospitales (22 casos) e indigencia y negligencia con 559 casos denunciados ante el Conape.

Ante este panorama, el director ejecutivo del Conape, García Ramírez, aboga en favor de una modificación a la Ley 352-98 de protección a los envejecientes. Asegura que la falta de consecuencias para aquellos que violan dicha ley complica la búsqueda de justicia en los casos de abusos y maltratos a las personas mayores, una situación que clama por ser rectificada.

Solución

La entidad señaló que, para resolver los asuntos legales, Conape dispone de una fiscalía especializada que atiende los casos de adultos mayores, evitando así que tengan que enfrentar los complicados trámites de la justicia ordinaria.

Ramírez, al asumir su cargo, indicó que decidió hacer de la Ley 352-98 de protección a los envejecientes el eje central de su gestión, con el propósito de difundirla ampliamente entre la población para que todos conozcan cómo actuar y dónde acudir para asegurar los derechos fundamentales de esta comunidad.

“Es lamentable que uno de los lugares donde más abusos y maltratos se perpetran sea la familia, precisamente el espacio donde debería primar el amor, la protección y la confianza hacia nuestros adultos mayores”, expresó el funcionario a la prensa con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez.

Por su parte, Yissel Alcántara, a cargo del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos, subrayó que están procesando estas denuncias conforme a las necesidades individuales de cada caso. Destacó que más del 50% de las denuncias han sido resueltas, mientras que las restantes están en proceso hasta obtener un veredicto.

Asimismo, informó que el departamento legal cuenta con un equipo de 23 abogados para brindar asistencia en todos los casos que atañen a esta población.

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Por El Dinero