Por este caso, el exconsejero presidencia de Estabilización y Consolidación José Emilio Archila deberá acudir a la Fiscalía para brindar información sobre la supuesta red de sobornos.

José Emilio Archila, el exconsejero presidencial de Estabilización y Consolidación, uno de los organismos creados para garantizar la implementación del Acuerdo de paz en Colombia, fue citado por la Fiscalía para que aporte información sobre una supuesta red de sobornos, donde estarían vinculadas autoridades locales y estatales, congresistas y contratistas encargadas de presentar los proyectos en los municipios más golpeados por el conflicto en Colombia, que constantemente reclaman la presencia del Estado en sus territorios.

Según investigaciones hechas por varios medios locales, entre ellos Blu Radio, funcionarios de varias entidades estatales, entre las que se encuentran la Dirección Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría, además de congresistas del Partido Conservador y alcaldes, habrían generado un entramado de corrupción para quedarse con hasta el 12 % —que correspondería a sobornos de unos 500.000 millones de pesos (más de 100 millones de dólares)— de los recursos asignados a los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, por tener mayores de niveles de pobreza y afectación causados por el conflicto.

Frente a estas denuncias que ya circulaban en la prensa, la Fiscalía del país suramericano publicó un escueto comunicado en su cuenta de Twitter donde afirmó que Archila, quien en abril pasado renunció al cargo que ocupó por casi cuatro años, debía comparecer ante ese organismo “en el marco de la recolección de material probatorio” debido a que “señaló que había remitido la denuncia de un subalterno acerca de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la paz”. 

Un día antes del pronunciamiento del organismo de Justicia, Archila publicó un trino donde sostuvo que desde el primer trimestre de 2021 había recibido comunicaciones donde se afirmaba que a los alcaldes se les cobraba una especie de ‘peaje’ o coima para recibir los proyectos destinados a sus localidades y hacer que llegaran a los organismos decisores. Tanto en el texto como en otros trabajos periodísticos el exconsejero presidencial se excluye de la red de corrupción.

¿Qué ha hecho la Fiscalía?

Hasta el momento, según se desprende de un comunicado, la Fiscalía “ha revisado denuncias relacionadas con el tema” y “encontró varias noticias criminales [posible ocurrencia de hechos delictivos que aún no han sido investigados] que fueron interpuestas en la Seccional Bogotá”.

Del mismo modo, la Policía judicial ha recolectado “material probatorio” y ha evidenciado “dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades“.

En el escrito se asevera que el “proceso recibirá una asignación especial” y que “se conexarán los casos para darle una mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso”.

Al respecto, la Contraloría también se pronunció para respaldar a los funcionarios de ese organismo que han sido señalados y solicitar que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias.

¿Qué dice Archila?

En el comentario publicado en las redes que antecede a un texto de dos páginas, el exfuncionario presidencial sostiene que trabajó “preventivamente para evitar corrupción” y que pidió investigaciones de todo lo que conoció. “Solicité medidas, unas urgentes y otras correctivas, que se adoptaron por la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP)”, Alejandra Botero Barco.

Asimismo, refiere que desde el primer semestre del año pasado denunció “reiteradamente” ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y el Departamento Nacional de Planeación, las presuntas irregularidades “para que se iniciaran las investigaciones que corresponden”.

¿Cuáles son los organismos vinculados?

Para entender la denuncia de Archila y de varios medios de comunicación hay que precisar cuál es la función de los organismos involucrados en la aprobación de los proyectos para las zonas más vulnerables del país, que han sido las más afectadas por la violencia.

En primer lugar se encuentra el Sistema General de Regalías (SGR), cuyo objetivo es “establecer mecanismos de equidad en la distribución de los recursos” para “propiciar la restauración social y económica en las regiones”. Esta instancia es coordinada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que depende directamente de la Presidencia.

Como uno de los eslabones del SGR, explica Archila, están los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), a los que le corresponde evaluar, viabilizar y aprobar los proyectos que serán financiados con los recursos de varios fondos.

Entre estos órganos de Administración y Decisión se encuentra OCAD PAZ, que es responsable de aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías y donaciones del exterior, que contribuyan a la implementación del Acuerdo de paz. Además, le compete designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar.

Firma del Acuerdo de paz en Bogotá, Colombia, el 24 de noviembre de 2016Cesar Carrion / Colombian Presidency / Pool / Anadolu Agency / Gettyimages.ru

OCAD Paz trabaja en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que buscan “estabilizar y transformar” un total de 170 municipios que han sido vulnerados por la “violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional”, según información de su página web.

¿Cómo funcionaba el supuesto esquema de corrupción?

Los alcaldes de estas localidades, según se explica en el texto de Blu Radio, tenían que exponer sus propuestas en una sesión de la OCAD PAZ y debían obtener el visto bueno del DNP; del ministerio al que pertenecía el proyecto, de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Contraloría.

Los recursos solicitados por las autoridades municipales eran para el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico, según la citada emisora.

En las comunicaciones que recibió Archila se afirmaba que a los alcaldes se les cobraba una especie de ‘peaje’, a cambio de hacer que sus proyectos fueran puestos a consideración de la instancia decisoria conformada por él y los alcaldes de La Paz (Cesar), Martín Zuleta; de La Uribe (Meta), Marcelino Chacón; el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo, quien está preso por tres delitos contra la contratación pública.

Del mismo modo, participaron como invitados permanentes los representantes a la Cámara del Partido Conservador Wadith Manzur y Yamil Arana.

La Secretaría Técnica del OCAD PAZ, dirigida por Álvaro Ávila, quien era funcionario del DNP, se ocupaba de elegir los proyectos que se revisarían en esas sesiones y que habían sido priorizados de acuerdo al orden de inscripción. Según los alcaldes de Orito (Putumayo) y Condoto (Chocó), esto no se hizo así.

Ávila además tiene una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría por las presuntas irregularidades cometidas en su cargo para beneficiar más de 500 proyectos que no cumplían con los requisitos establecidos.

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Si no pagaban, no llegaba a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión”, sostiene Archila en su escrito, y destaca que sus funciones “eran esa instancia posterior” por lo que “no habían llegado nunca los proyectos sujetos al ‘peaje'”.

En las entrevistas hechas por Blu Radio a varios alcaldes, que pidieron no ser identificados, estos aseveraron que para que un proyecto pudiera ser atendido por la OCAD PAZ debían tener un “padrino” y pagar en “dádivas” entre  6 % y 15 %. Señalaron que estos ‘peajes’ los habrían exigido funcionarios entre los que se encuentran Ávila, Gualdrón, Quiroz y congresistas conservadores como Juan Samy Merheg y Alfredo Ape Cuello, según información adicional de La FM.

Con respecto a Gualdrón y Quiroz, pertenecientes a la Controlaría, el organismo emitió un comunicado donde manifiesta su respaldo a ambos y pidió a las instituciones estadales “que investiguen a profundidad cada una de las actuaciones realizadas” por ellos para determinar “si su accionar implica alguna responsabilidad en lo penal o disciplinario, y se llegue hasta las últimas consecuencias”.

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