La Suprema Corte de Justicia mexicana dictaminó que esos controles son inconstitucionales porque se basan en identificar a los inmigrantes indocumentados en función de su raza, color de piel, apariencia física e idioma.
En México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el pasado miércoles un fallo histórico en el que establece que los controles que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) en puntos diferentes a los puestos de tránsito internacional son inconstitucionales.
A través de un comunicado, la SCJN señaló el jueves que el procedimiento es “contrario a los derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional, así como a los de igualdad y no discriminación“, argumentando que no distingue entre personas nacionales y extranjeras y que genera “impactos diferenciados en comunidades indígenas y afromexicanas”.
Esta sentencia deriva del caso de tres hermanos indígenas mexicanos, de entre 15 y 24 años, que fueron detenidos y sometidos a abusos bajo la sospecha de ser migrantes guatemaltecos por funcionarios de inmigración del INM en 2015.
Los tres viajaban en un autobús de trabajadores temporales de Querétaro, en el interior de México, cuando fueron detenidos por los agentes debido a sus características físicas, su vestimenta y su español limitado. Sin embargo, los hermanos, que fueron acusados de ser inmigrantes indocumentados de Guatemala, eran indígenas mayas tzeltales provenientes del Estado de Chiapas, al sur del país, donde un cuarto de la población habla una lengua indígena distinta del español.
Amy, de 15 años, Alberto, de 18, y Esther, de 24, fueron llevados a un centro de detención y retenidos durante ocho días. Allí, el hermano varón fue golpeado y sometido a descargas eléctricas hasta que accedió a firmar un documento de deportación en español en el que admitía que eran guatemaltecos, aunque el joven no sabía leer ni escribir, según contó Alberto a The Guardian poco después de la terrible experiencia.
Ahora, la Suprema Corte ha declarado que la reforma migratoria, aprobada en 2011, que permite a los agentes detener y registrar a cualquier persona en cualquier punto de México es inconstitucional debido a que se basan en que los funcionarios identifican a los migrantes indocumentados en función de su raza, color de piel, apariencia física e idioma.
Así, determina que la ley es discriminatoria y viola la legislación sobre igualdad y el derecho a circular libremente dentro de México.
Hace años, el territorio mexicano se convirtió en uno de los corredores terrestres migratorios más peligrosos del mundo. Los migrantes se enfrentan, además de a la amenaza de las redes criminales, a ser detenidos por las autoridades, con prácticas que han dado lugar a informes de abusos generalizados, como sobornos, secuestros y agresiones sexuales por parte de agentes de inmigración y otros elementos de las fuerzas de seguridad.
A partir de 2014 los puntos de control de inmigración se extendieron por todo el país con el objetivo de intentar que los migrantes no llegaran a la frontera sur de EE.UU., como parte de un acuerdo de México con ese país. Sin embargo, su éxito ha sido mínimo y los migrantes siguen llegando a la frontera estadounidense, si bien, obligados a transitar por rutas aún más peligrosas.
