La mayoría de los beneficiarios de estas sumas ilícitas eran familiares cercanos de los fallecidos.
La Policía Nacional española ha destapado un fraude de más de 6,3 millones de euros realizado mediante el cobro indebido de pensiones a nombre de personas ya fallecidas.
La investigación se llevó a cabo durante el pasado año 2019 en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, y ha permitido identificar a 36 personas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Once de ellas ya han sido detenidas.
La operación ha sido descrita por la Policía como “un reto organizativo para los investigadores”. Para llevarla a cabo, ha sido necesario analizar más de 12.000 abonos indebidos y 75 cuentas bancarias. Se detectaron más de una veintena de casos en los que el dinero defraudado superó los 100.000 euros, y 40 pensiones que acumulaban más de una década de ingresos indebidos. Hasta el momento se han recuperado casi 4 millones del total defraudado.
Casos curiosos y llamativos
Los investigadores descubrieron el singular caso de una mujer que, para obtener acceso a la cuenta bancaria de su madre –que había fallecido cuatro años antes–, se presentó en el banco acompañada de una persona que suplantó la identidad de su progenitora y falsificó su firma. De esta manera la implicada se benefició ilícitamente de más de 74.000 euros, abonados durante más de 20 años de forma indebida.
Otro caso particular que llamó la atención de los agentes fue el de un empleado de banca que aprovechó sus conocimientos profesionales para realizar hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida. Este hombre, ya arrestado, falsificó justificantes de efectivo y cartillas bancarias a nombre de la pensionista fallecida, abusando también de la confianza de sus compañeros de oficina. Su detención se produjo, precisamente, mientras extraía dinero en un cajero automático de la propia entidad a la que cargaba los falsos recibos.
Esta macro-investigación policial comenzó a partir de varias denuncias de hechos similares en diferentes puntos de España. La mayoría de los beneficiados por estas sumas de dinero abonadas de forma ilícita eran personas cercanas a los fallecidos, sobre todo hermanos, hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas.
No todos los estafadores identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial, ya que algunos han fallecido, otros presentan delicados estados de salud y varios de ellos se encuentran en el extranjero.
