Santo Domingo.-El exprocurador general de la República y exsenador por Santiago, Francisco Domínguez Brito, criticó el proceso de modificación del Código Procesal Penal que se lleva a cabo en el Senado, tildándolo de «absurdo», «surrealista» y un «grave error» que podría generar un daño mayor al ya colapsado sistema de justicia dominicano.
El jurista expuso sus argumentos en contra de la creación de un código nuevo, abogando, en cambio, por la ratificación de la reforma del año 2015, la cual considera una solución inmediata y sensata frente a lo que percibe como una carrera contra el tiempo carente de fundamentos.
Fue durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM, que Francisco Domínguez Brito desglosó su profunda preocupación. Desde el inicio, dejó clara su posición:
«Me parece absurda la discusión que se está llevando ahora, sobre todo porque están partiendo de algunas premisas falsas».
Domínguez Brito aclaró que el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional todo el Código Procesal Penal, sino solo una reforma específica realizada en el 2015.
«Perfectamente, pudieron aprobar nuevamente la reforma del 2015, agregarle algo más que fuera coyunturalmente importante y no someterse a todo esto», afirmó, cuestionando la urgencia de crear un texto completamente nuevo.
Lo que piensa Domínguez Brito sobre justicia penal dominicana
Para Domínguez Brito, el verdadero problema de la justicia penal dominicana es de fondo, no de forma. La describe como «lenta, extremadamente lenta, extremadamente cara y extremadamente ineficaz». Un sistema, dice, donde «si eres víctima y eres pobre, temblor más». Peor». Y donde «si eres agresor, violador de la ley, tienes mucho dinero, probablemente con buenos abogados, con un poquito de tiempo, tú puedes resolver y ahí termina». Esta inequidad, a su juicio, no se resolverá con un nuevo código apresurado.
El punto central de su crítica es la falta de estudios serios que sustenten las modificaciones.
«Tú tienes que identificar cuáles son los problemas, tú tienes que hacer una serie de estudios estadísticos, de consultas, de encuestas a la ciudadanía», exigió. Denunció que no existe ningún análisis del Poder Judicial, el Ministerio Público o la Defensa Pública que determine las causas reales de la lentitud, la impunidad y la indefensión de los más pobres. «Sin estudios no se puede hacer una reforma, eso es una reforma a la ciega», sentenció.
Domínguez Brito también apuntó a lo que él ve como una «ausencia de un liderazgo» claro en la reforma judicial. Contrastó la situación actual con el proceso de reformas profundas del pasado, donde existía una comisión dedicada y una visión clara.
«Hoy en día no veo ese liderazgo, hoy en día yo no veo hacia dónde nosotros vamos, es dando palos a ciegas», lamentó. Dirigió este llamado especialmente al presidente Luis Abinader, a quien percibe «cansado, agotado» y sin la energía para involucrarse en este tema crucial. «El país tiene que convocar a nivel nacional, más que una cumbre, a un diálogo permanente con todos los actores», propuso.
Advertencias
Sobre el procedimiento legislativo, fue particularmente duro. Advirtió que someter a la Cámara de Diputados un código de casi 300 artículos para que lo apruebe en un mes es «una falta de respeto» y los expone a «aprobar algo sin leer, sin consensuar». Las consecuencias de esta prisa, según él, podrían ser «surrealistas», generando caos en los sistemas informáticos, el manejo de evidencias y las competencias de los actores judiciales de la noche a la mañana.
Finalmente, Domínguez Brito lanzó una alerta sobre la politización de la justicia, señalando «señales bastante peligrosas de seguir nombrando jueces afines al partido de gobierno». Además, en respuesta a preguntas sobre la situación en la zona norte del país, expuso su teoría del «pecado original del PRM», sugiriendo que para compensar la falta de recursos frente al PLD en el pasado, hicieron «la vista gorda» con el narcotráfico, lo que ha creado un riesgo latente de que se conviertan en un «narcopartido» si no realizan una revisión interna profunda.
Su solución inmediata es clara: declarar de urgencia y aprobar en dos lecturas la reforma del 2015 para salvar el plazo de diciembre de 2025. Luego, con calma, estadísticas y diálogo nacional, trabajar en la reforma integral que la ciudadanía merece. De lo contrario, sentenció, «el remedio será peor que la enfermedad».
