Recibió 40 votos a favor, mientras que 26 mostraron su rechazo.
El Senado de Argentina ha aprobado este jueves el proyecto de ley con el que el oficialismo busca reformar el Poder Judicial, con la unificación de fueros y la creación de más juzgados y fiscalías.
Recibió 40 votos a favor, mientras que 26 mostraron su rechazo.
Se trata de una iniciativa que buena parte de la oposición rechaza, por considerarla un plan para garantizar ‘impunidad’ a exfuncionarios kirchneristas acusados por corrupción.
De hecho, en las inmediaciones del Congreso, en Buenos Aires, cientos de manifestantes convocados por las redes sociales realizaron un abrazo simbólico con banderas de Argentina en repudio a la aprobación de la ley, a pesar del riesgo que implica acudir a una protesta en la que no se respeta el distanciamiento social.
Desde el punto de vista del Gobierno, la normativa es necesaria para resolver un problema que el país arrastra desde hace décadas, pero que se habría visto exacerbado durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019): la presión que ejercen figuras del poder y los medios hegemónicos, la mayoría de tinte conservador, en las decisiones judiciales.
También, el armado de causas contra rivales políticos, o ‘lawfare’, que han denunciado líderes del peronismo como la actual vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Sobre esto último, hay causas en curso y varios exfuncionarios imputados, junto a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y periodistas.
La propia Cristina Fernández emitió este martes un comunicado en su página web oficial, en el que aclara que no considera a este proyecto una reforma judicial sino, como su nombre lo indica, una ley de ‘Organización y Competencia de la Justicia Federal’, que busca modificar solo parte del sistema.
“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, manifestó.
Intento de influencia
En cuanto al rol de las empresas informativas, el oficialismo incluyó la semana pasada un artículo al proyecto en el que indica a los jueces y juezas denunciar si sufren “intento deinfluencia“ por parte de “poderes políticos, económicos o mediáticos“. La sola mención de la prensa hizo que en los canales de TV, diarios, radios y portales de internet de derecha acusaran un ataque a la libertad de expresión, y redoblaran sus críticas editoriales al proyecto, al que desde un principio catalogaron como ‘polémico’.
Lo cierto es que la Justicia es una de las instituciones que más ha perdido crédito en la sociedad argentina. Una encuesta de la consultora Analogías señala que el el 77,3 % de los argentinos cree que es “bastante o mucha” la necesidad de una modificación de raíz de la Justicia.
Pero el espacio Juntos por el Cambio, que lidera el expresidente Mauricio Macri, se opone a la aprobación de la reforma y hará prevalecer su mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que el gobernante Frente de Todos deberá tejer alianzas si quiere conseguir los votos necesarios para convertir en ley el proyecto.
El pasado 17 de agosto hubo otra movilización en rechazo a la iniciativa oficialista, que si bien el macrismo no convocó oficialmente, tuvo referentes que participaron, y fue celebrada por el exmandatario Macri desde Suiza, a donde viajó como presidente de la Fundación FIFA.
