De los asesinatos reportados, 44 presuntamente fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reveló este sábado que se registraron 83 homicidios durante el paro nacional que se efectuó entre el 28 de abril y el 15 de julio de 2021 en todo el país.
Según el balance, de los 83 asesinatos reportados, 44 presuntamente fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
Indepaz detalló que, entre las muertes ocasionadas por la supuesta participación de las fuerzas del orden, 32 fueron por disparos con armas de fuego, siete por impactos con artefactos, dos a causa de inhalación de gases lacrimógenos, una por golpes y otra como resultado de atropellamiento por una tanqueta.
En cuanto a la localización geográfica de los homicidios, la institución dio a conocer que la ciudad de Cali registró el mayor número de asesinatos con 25, seguida de la capital Bogotá con cuatro y Yumbo con tres.
Asimismo, se informó que 35 individuos fueron víctimas de violencia sexual por parte de los uniformados, y que 2.053 participantes sufrieron detenciones arbitrarias.
Durante el paro nacional se efectuaron 14.175 actividades, de las cuales 7.415 fueron concentraciones, 3.415 bloqueos, 2.475 marchas, 678 movilizaciones y 40 asambleas populares.
Masivas protestas
Lo que comenzó como un llamado a “paro nacional” el 28 de abril del año pasado decantó en una oleada de movilizaciones en varias ciudades del país, más allá de Bogotá, donde participaron integrantes de movimientos sociales, sindicales y feministas, estudiantes y miembros de las comunidades indígenas y afro, entre otros.
A estas acciones de calle, que primero rechazaban el proyecto de reforma tributaria impulsado por el presidente Iván Duque (que posteriormente fue retirado), se le sumaron otras demandas como la intervención del Estado en el sistema de salud, la vacunación masiva frente a la crisis por el coronavirus, la creación de una renta básica mensual para 7,5 millones de familias en situación vulnerable, una política de defensa de la producción nacional y matrícula cero universal, entre otras exigencias.
Como consecuencia, la ONU publicó un informe reportando “graves violaciones a los derechos humanos” cuyos principales responsables son las fuerzas de seguridad.
