La Corte Suprema de Chile difundió la sentencia que aprobó la remoción de la magistrada Ángela Vivanco Martínez, acordada unánimemente el pasado 10 de octubre, que recoge “un patrón de comportamiento” de Vivanco, según el cual, “se apartó del concepto del buen juez, al priorizar su interés personal por sobre su función jurisdiccional”.
La sentencia recoge conductas que “transgreden los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”: interferir en la tramitación de causas impartiendo órdenes a sus subalternos, interpelar a un ministro de fe para revelar el contenido de un acuerdo secreto resguardado por la ley, o procurar el nombramiento de personas afines a sus intereses particulares, entre otros.
El alto tribunal concluyó que Vivanco degradó la credibilidad y el prestigio de la judicatura durante el desempeño de su cargo y que en su caso la garantía de inamovilidad debe ceder por “haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de derecho”.
Vivanco fue destituida por el Senado el pasado 16 de octubre, antes de que la remoción acordada por la Corte surtiese efecto. Esa remoción se produjo a la vez que la del magistrado Sergio Muñoz, en la misma votación, a pesar de que se les acusaba de hechos diferentes.
Destituida por el Senado
La decisión del Senado, que también inhabilitó a ambos para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años, motivó las críticas del presidente del Gobierno, Gabriel Boric, que lo calificó de “insólito” e “inexplicable”.
En una conferencia de prensa Boric advirtió de que “utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos, sienta un precedente que es muy peligroso“.
