La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un informe con perspectiva de género sobre el impacto económico del covid-19.
La pandemia suscitó un retroceso de 10 años en el mercado laboral en América Latina que impactó principalmente en las mujeres al aumentar sus condiciones de pobreza y desempleo, por lo que se requiere diseñar y poner en marcha políticas de recuperación con enfoque de género, es decir, feministas.
Esta es la principal conclusión del informe ‘La autonomía económica de las mujeres en la recuperación, sostenible y con igualdad’, que presentó este miércoles Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
De acuerdo con el reporte, en 2020 la tasa de participación femenina en el mercado laboral en la región cayó un 6,0 % al pasar del 62,5 % al 57,2 %. En el caso de los hombres la reducción fue menor, ya que bajó del 73,6 % al 69 %.
El nivel de desocupación femenina, en tanto, aumentó del 8,1 % al 10 %, mientras que la masculina avanzó del 7,0 % al 9,7 %.
Los porcentajes se traducen en que ahora hay 23 millones de mujeres más en situación de pobreza de las 90 millones que ya había en 2019. En total, suman 118 millones de mujeres que no están percibiendo ingresos, lo que acentúa la desigualdad y atenta contra su autonomía.
Impacto
El informe recuerda que en la región hay sobrerrepresentación de las mujeres en hogares pobres y que ellas padecen mayor desempleo y expulsión de la fuerza laboral, a lo que se suman las condiciones de informalidad, barreras de acceso a servicios financieros y brechas digitales.
Además, tienen menor participación en la toma de decisiones sobre las respuestas a la pandemia, ya que su presencia está concentrada en sectores de baja calificación que son los más afectados por la crisis sanitaria y a pesar de que son mayoría en la primera línea de trabajadores de la salud. En este sentido, ellas representan el 73,2 % de ese sector, pero ganan en promedio 23,7 % menos que los hombres.
También se ha registrado un aumento en la carga de cuidados, de persistencia y agudización de violencia de género por el confinamiento, o de otras expresiones de violencia en redes y en el ciberespacio.
Las mujeres, explica, enfrentan mayores riesgos de perder el trabajo porque los sectores en donde son mayoría tienen altos niveles de presencia femenina, como la manufactura, el turismo, trabajo doméstico remunerado, actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo.
Por ejemplo, de los 40 millones de ocupados en el sector salud, enseñanza y trabajo doméstico remunerado, el 78 % son mujeres, pero el 36,5 % de mujeres en hogares con menores de cinco años está fuera de la fuerza laboral por demandas de cuidados.
En el caso específico de las 13 millones de trabajadoras domésticas remuneradas que había en 2019, el 76 % no contaba con cobertura previsional, y su situación se agravó con la pandemia, ya que el trabajo en este sector se desplomó en toda la región, con los casos extremos de Chile, Colombia y Costa Rica, en donde la caída fue del 43,6 % al 45,5 %.
Por otra parte, las mujeres con menores ingresos enfrentan un doble obstáculo: la falta de autonomía económica y la brecha de acceso a internet, porque tienen menos posibilidades de pagar por servicios de conexión y, por lo tanto, de teletrabajar.
Propuestas
Frente a este escenario, la Cepal propone una estrategia de recuperación transformadora con igualdad de género, que solo será suficiente con acciones afirmativas en el ámbito de la fiscalidad, el empleo, las políticas productivas, económicas y sociales que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo.
En principio plantea la aplicación de un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género como elemento central para una recuperación sostenible, con análisis de los efectos diferenciados entre hombres y mujeres, aumento de los niveles de recaudación de forma progresiva y asignación del gasto hacia políticas de género.
También apuesta por una transformación digital incluyente a través de una “canasta básica digital” que potencie el uso de la tecnología y que revierta las barreras socioeconómicas; y por una recuperación productiva con empleo para mujeres que aumente su participación en otros sectores en los que tradicionalmente no ingresan, así como asegurar su acceso a servicios y productos financieros de calidad.
El organismo propone otorgar un ingreso básico de emergencia a mujeres que salieron del mercado de trabajo por la pandemia; valorizar la economía del cuidado como una estrategia para alcanzar una recuperación transformadora que incluya la priorización de la vacunación a las y los trabajadores de la salud, enseñanza y trabajo doméstico remunerado, y garantías para el acceso a los subsidios de desempleo y a las transferencias monetarias de emergencia.