Las pesquisas continúan gracias a la presión de los familiares y de organizaciones de derechos humanos.
Manipulación y ocultamiento de pruebas por parte de funcionarios. Videos que no fueron tomados en cuenta. Campañas oficiales para dar por cerradas las investigaciones. Presiones para proteger a los responsables. Desdén hacia los familiares de las víctimas.
Estas son solo algunas de las irregularidades denunciadas esta semana en dos casos emblemáticos de derechos humanos en México: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el multihomicidio de la Colonia Narvarte, ocurrido hace casi siete años en la capital.
Ambos crímenes provocaron una conmoción en la sociedad mexicana y tuvieron incluso repercusión internacional, lo que ayudó, en parte, a impedir que fueran cerrados, como quisieron en su momento las autoridades responsables de investigarlos.
Las causas han seguido presentes en el debate público gracias a la lucha que han llevado a cabo los familiares de las víctimas que, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, exigen saber la verdad, qué pasó, quiénes son los responsables y, sobre todo, que haya justicia.
El lunes pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Ayotzinapa, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su tercer informe del caso desde que comenzó a investigarlo, en noviembre de 2014.
Las revelaciones confirmaron que el presidente Enrique Peña Nieto se empeñó en difundir una tesis del caso con el único objetivo de cerrar la investigación y rescatar a su Gobierno del desprestigio que le acarreó la desaparición de los 43 estudiantes.
Mentiras
La madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, uno de los estados más pobres del país, fueron secuestrados después de una persecución en la que ya se ha comprobado que participaron policías municipales, estatales, federales y el Ejército.
Para cerrar el caso, el Gobierno dio a conocer lo que el procurador Jesús Murillo Karam bautizó como “la verdad histórica”, que aseguraba que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de Cocula y luego los tiraron en el Río San Juan.
Desde entonces, tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense desmintieron a las autoridades porque no había evidencia que sustentara esta tesis, que terminó siendo “la mentira histórica”.
El lunes, el GIEI terminó de derrumbarla al dar a conocer videos que comprueban que las autoridades, incluida elementos de la Marina, manipularon el basurero para hacer creer que ahí habían quemado a los estudiantes.
Los videos fueron entregados a los expertos gracias a la orden que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hasta ahora la Marina los había mantenido ocultos.
En las imágenes, se puede ver cómo unas 40 personas llegan al basurero y durante cuatro horas descargan bultos, los queman en el basurero de Cocula y los desparraman por el Río San Juan.
Todo ello ocurrió un rato antes de que Murillo Karam llegara al lugar junto con una comitiva en la que participaban otros funcionarios y simulara un operativo de recolección de pruebas que, en realidad, habían sido montadas. Años más tarde se comprobaría que los testimonios de supuestos implicados en la desaparición de los jóvenes fueron obtenidos mediante torturas.
El GIEI informó, además, que los videos fueron tomados por un dron de la Marina cuya operación solo podía haber sido autorizada por su entonces titular, Vidal Francisco Soberón, o por Peña Nieto.
Reacciones
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, explicó durante la presentación que la extinta Procuraduría General de la República tuvo una estrategia de simulación la misma noche de la desaparición masiva, luego al iniciarse la investigación y, finalmente, mientras se llevaba a cabo.
“En estos tres momentos las autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos y crearon elementos para hacer creer que no conocían el paradero, la desaparición y la situación de violencia en Iguala”, señaló.
Los expertos también advirtieron que la apertura de López Obrador es insuficiente, ya que todavía falta que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue los expedientes internos que tiene sobre el caso, y que son cruciales para saber qué pasó esa noche y dar con el paradero de los estudiantes. Hasta ahora solo se han logrado rescatar e identificar los restos de tres de ellos.
Al día siguiente de la conferencia del GIEI, López Obrador reveló que le habían dado a conocer el informe con antelación, por lo que ordenó que se investigara a los jefes de la Marina que aparecen en los videos y que ya declararon. Aunque refrendó su compromiso con la investigación, rechazó que esté guardando más pruebas, como acusaron los expertos.
“Está abierta la investigación, tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición (…) ahora no hay impunidad para nadie. Se está entregando toda la información, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, afirmó.
Caso Narvarte
El 31 de julio de 2015, el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, la modelo Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, la maquilladora Yesenia Quiroz y la activista Nadia Vera fueron asesinados en un departamento de la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
Espinosa Becerril trabajaba en medios de Veracruz, pero justo un par de meses antes del crimen se había mudado a la capital para escapar de una serie de amenazas, en el contexto de violencia que hay en México, que es el país más peligroso para los periodistas.
Vera, por su parte, era una antropóloga que estaba involucrada en las luchas por los derechos humanos en México.
Las autoridades insistieron de inmediato en que el multihomicidio no se debía a las actividades de ambos. La Procuraduría primero apuntó a un “robo” y luego a una disputa por venta de drogas, en la que algunas de las víctimas supuestamente estaban involucradas.
Además, la Policía filtró de manera ilegal fotografías de la masacre y las pruebas químicas que se les hicieron a los cuerpos para saber si habían consumido sustancias, lo que fomentó la estigmatización de las víctimas.
Los familiares, sin embargo, siguieron luchando. Y esta semana, al igual que ocurrió con el caso Ayotzinapa, dieron a conocer nuevas pruebas que fueron ocultas por funcionarios.
Reclamo
Se trata de videos de las cámaras de seguridad que demuestran que en el asesinato hay por lo menos cinco personas implicadas, y no tres, como afirmaban hasta ahora las autoridades.
A los dos nuevos sospechosos se les puede ver a bordo de un vehículo que espera afuera del edificio en donde se cometió el crimen y que después escolta al coche en el que escaparon los asesinos.
Karla Michelle Salas, abogada de tres de las cinco víctimas, advirtió que las imágenes demuestran que el homicidio fue planeado y echa por tierra la hipótesis oficial que afirmaba que tres sujetos habían entrado a disparar, como parte de la disputa por venta de drogas.
“Es la narrativa que se ha difundido, buscan proteger a personas o a un grupo en específico”, acusó al recordar que, casi siete años después, todavía no se sabe con certeza el móvil del crimen.
Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de la activista asesinada, denunció por su parte que, a la violencia del asesinato, le siguió la violencia institucional “con su omisión, indiferencia y corrupción y ahora la de esta administración con su omisión e indolencia”.
Gabriela Mejía, hija de Negrete, otra de las víctimas, fue todavía más contundente: “La Fiscalía no ha trabajado, lo que presentamos ahora [los videos] es trabajo de las familias y los peritos, que ellos han conseguido”.
El desencuentro entre los familiares y las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es tal, que ni siquiera han tomado en cuenta las nuevas imágenes para abrir otras líneas de investigación que logren desentrañar por qué se cometió el multihomicidio, si hubo alguna intencionalidad política, si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, estaba implicado, y encontrar y juzgar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.
