El mandatario señaló que con el control buscará “primero el interés general y el del usuario”, que se han “puesto al revés en los últimos años”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asumirá “directa y personalmente”, de manera temporal, la regulación de los servicios públicos domiciliarios en su país.
“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo, y entonces voy a asumir el control y las políticas generales de administración de servicios públicos en Colombia directa y personalmente”, dijo el mandatario el jueves, en diálogo con los líderes de Juntas de Acción Comunal de Duitama, en el departamento de Boyacá.
El mandatario señaló que con ese control buscará “primero el interés general y el del usuario” que, a su juicio, se han “puesto al revés en los últimos años en Colombia”.
Asimismo, dijo que asume estas funciones de acuerdo a lo que establecen las normativas colombianas. Al respecto, en su cuenta en Twitter señaló que eso está previsto el artículo 370 de la Constitución y el 68 de la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios.
En concreto, el artículo 370 de la carta magna dice que le corresponde al presidente “señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.
Entretanto, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994 establece que el presidente “señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios” por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas.
La normativa añade que, en caso de que el presidente no resolviera delegar las funciones a las comisiones de regulación, las “ejercerá” él.
Esas comisiones de regulación —las hay para energía y gas, comunicaciones, agua potable y saneamiento, salud, entre otras— surgieron justamente en virtud de la Ley 142 de 1994 y tienen la función, según la normativa, de “regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos” y “promover la competencia”, para que “las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abusos de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad”.
En su trino, el mandatario aclaró que lo que hará será retomar las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos, que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras.
La decisión de Petro se da en momentos en los que se conoce que, pese a los anuncios del Gobierno de la rebaja en el precio de las tarifas de energía, nueve empresas reportaron alzas. Por lo que se estima que uno de los objetivos sea regular los precios de este servicio, así como otros.
“Tomará las mejores decisiones”
Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, se pronunció a través de Twitter y dijo que “la regulación de los servicios públicos domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores, es tan solo una forma de intervención estatal para corregir los errores de un mercado imperfecto, para preservar la sana y transparente competencia, a fin de lograr una mejor prestación”.
En entrevista con W Radio, Quiroga mencionó que “el presidente tiene facultades y “es el que constitucionalmente tiene la responsabilidad de ejercer la política sobre los servicios públicos”.
El funcionario dijo que Petro ha escuchado algunas de las inquietudes que tienen los colombianos respecto a los precios de los servicios. “Los precios de la energía tienen orígenes hídricos, estando los embalses llenos y las tarifas siguen subiendo“, ejemplificó.
“Pueden estar seguros de que el presidente tomará las mejores decisiones”, agregó Quiroga.
Algunos políticos reaccionaron positivamente al anuncio de Petro. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, indicó que Petro tomó esta decisión “frente al incremento en las tarifas que han tenido los servicios públicos en el país”.
“Nunca más aumentos de tarifas de hasta 40 % en energía y agua con embalses llenos”, expresó, por su parte, la senadora Gloria Flórez.
“Un error histórico”
Sin embargo, también hubo pronunciamientos en contra de la medida presidencial. “Esto es regresar en el tiempo para mal. No han entendido que las tarifas de los servicios públicos las definen técnicos, no demagogos y populistas. ¡Qué desastre!”, escribió en Twitter María Fernanda Cabal, senadora por el uribista Centro Democrático.
De igual forma opinó la economista e historiadora María del Pilar López Uribe, quien señaló que asumir la funciones de una comisión “abre la puerta del control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico”, y auguró que ello tendrá como consecuencias la “escasez y reducción de la oferta del servicio”
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, consideró que “sería un error histórico retroceder, sería tomar decisiones políticas en decisiones técnicas que normalmente han funcionado”.
“Si hacemos esto repetiríamos historias fallidas de países vecinos en donde los servicios públicos están en el peor de los mundos”, añadió, en entrevista con W Radio.
Asimismo la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, dijo que la decisión de Petro “es un retroceso peligroso”.
“Se decidió que las tarifas de los servicios públicos sean un asunto técnico; vamos al populismo con tendencia a quebrar las empresas”, comentó.
