Santo Domingo, RD.- Punta Catalina (PC) es una planta de generación de energía eléctrica a partir del carbón mineral. Se espera que cuando entre al sistema aporte un máximo de 752 megavatios. Ubicada en la zona de la provincia Peravia que le da el nombre, el proyecto consta de su propio puerto para recibir el carbón mineral, desde donde se transporta a un gran almacén techado. Consta de dos generadores de 376 megavatios cada uno, arropados en una infraestructura imponente que busca maximizar la eficiencia en la generación eléctrica y el cuidado en extremo al medio ambiente.
Punta Catalina es un proyecto del tipo llave en mano, con una inversión total es de US$1,945 millones. Hay en disputa un monto de US$386 millones, que en caso de ser ganada subiría a US$2,331 millones. Ya aquí tenemos el primer dato: PC es el proyecto de infraestructura de mayor inversión jamás realizado en República Dominicana desde la fundación de esta nación el 27 de febrero de 1844, ya sea por el Estado, el sector privado o ambos combinados.
La inversión es superior a las dos líneas del Metro de Santo Domingo juntas, el Teleférico, el corredor 27 de Febrero y Kennedy (túneles y elevados), la presa Jigüey-Aguacate, Puerto Multimodal Caucedo, el puente Juan Bosch y el Duarte juntos….siga usted buscando en la historia.
Impacto económico
Se estima que Punta Catalina producirá un flujo de caja positivo al Gobierno por un monto de US$450 millones anuales. Este monto viene de dos fuentes. Primero el EBTDA (Beneficios antes de impuestos, depreciación y amortización – por sus siglas en inglés) de Punta Catalina estimado en US$250 millones anuales. Hay que recordar que PC es una empresa que generará beneficios como cualquier otra, a partir de ingresos, menos costos y gastos.
Los US$200 millones restantes se obtendrán de los ahorros de las distribuidoras de electricidad al poder comprar energía más barata gracias a los 752 megavatios que aportará Punta Catalina en base a carbón, que sustituirán igual cantidad de la fuente más cara: fuel oil.
Desde el punto de vista macroeconómico, los US$450 millones anuales equivalen entre 0.4% a 0.5% del PIB nacional. Este ahorro se espera reduzca el déficit del sector eléctrico, que es actualmente el 1.4 del PIB, a un nivel estimado entre 0.9% a 1%. Esto a su vez reducirá el déficit del sector público en un 20%, de 2.6% a 2.1%. Otro aspecto muy interesante es el buen manejo sustentable del proyecto, donde la variable más importante, aunque no la única, consiste en el control de la calidad de aire, pues el proceso de producción de energía a partir de carbón mineral libera una serie de sustancias en el entorno que deben ser controladas.
Punta Catalina ha logrado superar, en las pruebas realizadas, todos los estándares dominicanos y los del IFC (división del Banco Mundial) en relación a la cantidad permitida de Óxido Nitroso, Dióxido de Azufre, material particulado (todo el proceso de descarga y almacenaje del carbón se hace bajo techo) y Dióxido de Carbono. Otras características del proyecto son:
a) La capacidad de almacenaje de carbón, para un total de un mes. El puerto puede recibir dos barcos al mismo tiempo.
b) La planta tiene una vida útil de 40 años, por lo que se puede inferir que el ROI en años estimado es de 1,945+386 /250=7.78+1.54, para 9.32 años en el peor escenario. Es 1 decir, que la inversión se recuperaría con apenas 23% del ciclo de vida agotado.
c) Posibilidad de expansión a dos generadores más, para una generación potencial de 1,504.00 megavatios.
Tómese en cuenta que parte de la infraestructura existente, como el puerto, sistema de descarga y almacenaje del carbón ya existe, lo que haría una posible ampliación más retornable y bancable. Las posibilidades luego de este recorrido financiero y sustentable de Punta Catalina surge la gran pregunta: ¿Qué va a hacer el Estado con el flujo de caja positivo de US$450 millones anuales? La respuesta sale del ámbito de este artículo, pues el uso de este monto es una decisión de política de Estado.
Lo cierto es que Punta Catalina está provocando un efecto disruptivo en el “mercado eléctrico mayorista o MEM” (Superintendencia de Electricidad-SIE, 2019) porque su inminente entrada, aportando energía a bajo costo, ha hecho que los demás participantes cambien la fórmula de beneficios de su modelo de negocios (Johnson, 2018). Por eso vemos como AES, CESPM, EGE Haina, y Barrick Pueblo Viejo estratégicamente han iniciado la conversión de 750 megavatios a gas natural licuado, con un impacto de US$600 millones en ahorros. Esto, sumado a los US$450 millones anteriores, nos arroja un total estimado de US$1,050 millones anuales de flujo de caja positivo para el Estado.
Por otro lado, Punta Catalina está impulsando a que toda nueva inversión en generación eléctrica sea de fuentes renovables: solar y eólica, porque su costo variable de despacho es inferior al carbón y gas natural. De acuerdo a la CNE, fueron agregados 257.3 megavatios de capacidad de fuentes renovables en 2019. La capacidad total instalada para 2020, incluyendo PC, sería de 4,850 megas, un 18% de crecimiento con respecto al 2019.
Así que en el MEM, por el impacto directo e indirecto de Punta Catalina, están pasando dos cosas buenas al mismo tiempo: aumento de la capacidad instalada y la disminución del costo variable de generación por la eficientización de la matriz de generación. Aquí ya tenemos la primera posibilidad: el aumento del números de circuitos 24 horas porque las Edes podrán comprar con el mismo dinero más energía. Por eso, lógicamente, las autoridades anuncian la reducción drástica de los apagones. En el otro extremo de la industria eléctrica dominicana, en el “mercado eléctrico minorista o MEMI” (SIE, 2019), está pasando muy poco, es decir, la demanda apenas crece un 3% promedio anual (ADIE, 2019).
En el medio del MEM y el MEMI, sirviendo de enlace, está todo el sistema de distribución, bajo control estatal (CDEEE-ETED). Aquí ya se han anunciado inversiones importantes, con el objetivo lógico, ante una mayor capacidad de generación, de disminuir las pérdidas (otra variable a tomar en cuenta) y sanear las redes, porque las viejas redes de media y baja tensión no están preparadas para suplir 24 horas/365 días al año.
Así que, por lo arriba expuesto surge la siguiente posibilidad que genera Punta Catalina, valga la osadía: bajar el precio la energía, para estimular el consumo y poder aprovechar mejor la capacidad instalada, o de lo contrario las inversiones hechas en el MEM serán menos retornables y bancables, pues aunque todas las empresas generadoras tengan un costo variable de generación similar, la baja tasa de crecimiento del consumo, aun suponiendo que todos los circuitos fueran 24 horas, sugiere que quedarán fuera 2,000 megavatios, aproximadamente de capacidad instalada cada hora.
La mala noticia es que el precio del KW/h en el MEMI no se rige por el libre juego de oferta y demanda, sino por políticas de Estado. La buena noticia es que precisamente el Estado contará con un flujo positivo de caja, y pudiera transferir “parte” del mismo para bajar el precio del fluido eléctrico, porque a nuestro juicio, la génesis de todos los problemas de la industria eléctrica, y por ende, la solución a mediano y largo plazo del llamado “problema eléctrico” dominicano, radica en el histórico-irracional precio del kw/h.
En resumen, Punta Catalina está provocando, por primera vez en varias décadas, la posibilidad de una espiral virtuosa en la industria eléctrica nacional que pudiera iniciar por la reducción del precio de la electricidad, esto a su vez aumenta el consumo y desestimula el robo de energía, lo que provoca nuevas inversiones de la capacidad de generación altamente eficientes (renovables, gas natural y carbón ), para luego volver a provocar una nueva brecha oferta- demanda que presione el precio a la baja, hasta llegar a un punto de equilibrio de forma paulatina.
A lo largo del ciclo, el Estado pierde parte del flujo de caja en el corto plazo, lo recupera a mediano plazo, y lo aumenta a largo plazo. Todos los grupos de interés salen impactados positivamente, a saber: Pymes, grandes empresas, consumidores domésticos, las empresas generadoras, el Estado y los intereses extranjeros en nuestro país, especialmente en zonas francas y turismo.
