Según el magistrado, Trump y su abogado lanzaron una campaña para anular la elección democrática en una estrategia “sin precedentes” en la historia de EE.UU. que estimuló directamente el asalto al Capitolio.

Donald Trump podría haber cometido múltiples delitos el 6 de enero de 2021 con el objetivo de impedir la investidura presidencial de Joe Biden, según un dictamen judicial expedido este lunes y revisado por The Guardian.

Con base en la evidencia, el tribunal determinó que es “probable” que el expresidente Trump y su abogado John Eastman “conspiraran deshonestamente para obstruir la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021”, dictaminó el juez federal David Carter, quien, además, ordenó a Eastman entregar cientos de correos electrónicos confidenciales al comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio.

Biden acusa a Trump de intentar "impedir el traspaso pacífico del poder" con el asalto al Capitolio de hace un año

Biden acusa a Trump de intentar “impedir el traspaso pacífico del poder” con el asalto al Capitolio de hace un año

Según el magistrado, Trump y Eastman lanzaron una campaña para anular la elección democrática en una estrategia “sin precedentes” en la historia de EE.UU. que estimuló directamente el ataque a la sede del Congreso.

Ya a principios de marzo, el comité selecto había declarado que Trump y Eastman intentaron convencer al entonces vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, de retrasar la certificación de los resultados presidenciales.

Durante la investigación, Eastman se negó a entregar varios cientos de correos electrónicos entre él y Trump alegando que esas comunicaciones estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente, pero el reciente fallo del juez federal lo obliga a entregarlos.

“Debido a que el memorando probablemente fomentó los delitos de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a los Estados Unidos, está sujeto a la excepción de fraude por delito y la corte ordena que se divulgue”, escribió Carter, concluyendo que Trump no tenía ningún derecho a “interrumpir un proceso constitucionalmente ordenado” y que su plan “fue un último intento de asegurar la presidencia por cualquier medio”.

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