La controvertida reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una semana crucial plagada de incertidumbre, ya que al Gobierno solo le falta un voto para que sea aprobada en el Senado.
El domingo, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados aprobaron el proyecto en lo general y en lo particular en las comisiones en el Senado, como parte del tratamiento parlamentario exprés que ha tenido durante la Legislatura iniciada el pasado 1 de septiembre.
La iniciativa se debatirá en una sesión plenaria que el Senado realizará el martes. Para aprobarla, se requiere una mayoría calificada de 86 votos, pero el Gobierno tiene 85. Los 43 legisladores de la oposición ya aseguraron que rechazarán la reforma judicial, pero abundan las especulaciones sobre quién de ellos terminará apoyando al oficialismo.
De hecho, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, aseguró el domingo que ya tienen garantizados los votos que necesitan, tras alegar que 85 apoyos es una mayoría calificada. Su argumento se basa en el hecho de que dos terceras partes de 128 equivalen a 85,3.
“Hay elementos jurídicos que así se han hecho, ahora sí que como en la escuela, cuando era de punto cuatro hacia abajo era el número inmediato anterior, de punto seis hacia arriba el número inmediato superior. No hay punto tres de senador y desde mi punto de vista, en sentido estricto, con 85 senadores sería suficiente”, recalcó.
Si esto ocurre, la reforma será enviada para su análisis a los 32 congresos estatales del país, de los cuales se precisa la aprobación de por lo menos 17 para que finalmente entre en vigor.
“Sí, es una semana histórica. Sin exagerar, los testigos de la Patria se resolverán en estos días. Las dos visiones que están encontradas, mayoritariamente apoyada la que plantea la reforma del Poder Judicial, será la Cámara de Senadores la que tenga el enorme honor de resolver esta batalla democrática”, afirmó el dirigente.
Mientras se llevan a cabo negociaciones políticas, en las calles siguen las marchas estudiantiles a favor y en contra de la reforma; la huelga que los trabajadores del Poder Judicial, jueces y ministros iniciaron hace dos semanas; y las protestas de la oposición.
Tensión
Los escándalos están a la orden del día. Por ejemplo, la senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, pidió ‘linchar’ a los legisladores de oposición que incumplan con su palabra y voten a favor de la reforma judicial.
“Que lo linchen al pendejo, es en serio. Así como es y así como soy yo de mal hablada, que lo agarren a chingadazos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma”, convocó.
Por otra parte, el diario Wall Street Journall aseguró que EE.UU. pausó 35.000 millones de dólares de inversiones en México debido a la tensión que ha generado el último gran proyecto legislativo de López Obrador, quien el próximo 1 de octubre terminará su Gobierno.
En un artículo titulado “Por qué la inminente reforma judicial de México asusta a las empresas estadounidenses”, el diario también advirtió que están en juego otros 18.000 millones de dólares de inversión privada que el país necesita para cubrir la creciente demanda de electricidad para uso industrial.
Medios y políticos de EE.UU. han criticado de manera recurrente la reforma judicial, lo que les ha valido duras respuestas por parte de López Obrador, quien incluso ordenó una pausa en su relación con el embajador Ken Salazar por considerar que le ha faltado el respeto a la soberanía de México.
La Corte
Entre los conflictos internos, destaca el enfrentamiento de López Obrador con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quein el viernes se unió a las protestas y marchó junto con los manifestantes.
Luego, Piña presentó un proyecto alternativo con base en dos documentos titulados “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” y “La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”.
“Una vez más hago, de frente, un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas: debemos escucharnos entre poderes de la Unión”, reclamó la magistrada.
También exigió escuchar a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; a los organismos de justicia internacional; a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para protestar contra una reforma que modifica por completo el sistema de impartición de justicia en México y que prevé que jueces, magistrados y miembros de la SCJN sean electos por el voto popular, en comicios que se llevarían a cabo el próximo año.
“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente”, agregó en una respuesta a las constantes descalificaciones de López Obrador.
