Santo Domingo.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y bajo las directrices de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), intensificó en las últimas horas las acciones contra el microtráfico de sustancias controladas en las provincias de La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.
Como resultado de las operaciones, las autoridades realizaron 1,563 operativos y seis allanamientos simultáneos, mediante los cuales fueron procesados 111 casos y arrestadas 82 personas, además de identificar a varios individuos presuntamente vinculados con la venta y distribución de drogas.
Las intervenciones se desarrollaron en más de 75 sectores de los municipios de La Vega, Bonao, Cotuí, Jarabacoa, Constanza, Jima Abajo y Maimón, como parte de una estrategia focalizada para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad en las comunidades.
Durante los operativos, los agentes de la DNCD y fiscales actuantes ocuparon 14,017 gramos de presunta cocaína, 1,718 gramos de marihuana, 35 dosis de un material rocoso presumiblemente crack y 16 pastillas de éxtasis, para un total consolidado de 15,770 gramos de sustancias presumiblemente narcóticas.
Además, fueron confiscados una pistola con su cargador y varias cápsulas, seis motocicletas, 28 teléfonos celulares, cuatro balanzas, un chaleco antibalas, dos radios de comunicación, ocho armas blancas y dos cámaras de videovigilancia. También se ocuparon RD$62,244 en efectivo, entre otras evidencias que, según las autoridades, estarían vinculadas a actividades de microtráfico.
La DNCD afirmó que continuará desarrollando acciones firmes y sostenidas contra el tráfico de drogas, en apego a las leyes y al debido proceso, con el propósito de contribuir a preservar la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región del Cibao Sur y del resto del territorio nacional.
Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público en las respectivas demarcaciones, para los procedimientos legales correspondientes y el conocimiento de las medidas de coerción que determine la autoridad judicial.
