Santo Domingo.-El jurista Manuel Fermín Cabral, abogado de los implicados en la Operación Calamar, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, negó categóricamente que sus representados vayan a ser beneficiados con la contratación de obras públicas futuras por parte del Estado dominicano a cambio de información y precisaron que desde el inicio de las investigaciones. Estos acudieron voluntariamente ante la Procuraduría General de la República para aclarar el alcance de su participación en el caso.
Fermín García expuso que, sus defendidos siempre han actuado apegados a la verdad y explicó que, tras la verificación de las declaraciones de sus defendidos, se estableció formalmente un esquema de colaboración con la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público con la condición de que la información proporcionada por ellos pudiera siempre ser corroborada mediante otros medios de prueba.
Precisó que sus representados no tienen ninguna vinculación con el “Grupo Cat”. Con esta empresa, supuestamente, se suscribió un contrato que establecería un mecanismo de pago con “obras futuras”. Afirmó que nunca han discutido con la Procuraduría General de la República la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza.
El abogado explicó que fue una decisión voluntaria de sus defendidos la devolución íntegra de las ganancias que recibieron. Esto a propósito de los pagos por concepto de expropiaciones, y que los acuerdos establecidos así lo reflejan.
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Respecto a la empresa Trossachs Enterprises, desmintió que esta recibiera pagos del Estado dominicano con un monto de 7,615 millones de pesos.
“Todos y cada uno de los pagos recibidos por Trossachs Enterprises, por parte del Estado dominicano, se correspondieron a trabajos de obras de infraestructuras ejecutadas y entregadas a la entonces Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE)”, dijo.
Fermín García detalló que la referida empresa es una sociedad de responsabilidad limitada conformada en el año 2014 y que la oficina de abogados Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández (“Headrick”) no tuvo ninguna otra participación que no fuera la constitución de dicha sociedad y la realización posterior de documentaciones propias de una actividad societaria.
En ese sentido, añadió que “Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, no solo es que no conocen a la señora Lilly Acevedo Gómez, sino que en las innumerables veces que comparecieron por ante la Procuraduría General de la República nunca han tenido contacto o relación alguna siquiera con quien ocupe la función de Secretaría General de dicho ente. Nunca”.
Acusados no formaban parte de la estructura operacional, según abogado
De igual manera, Fermín negó que Crisóstomo y Ureña puedan obtener beneficios de los pagos derivados del denominado “Programa de financiamiento de contratistas del Estado”. Este involucró un monto de más de 21,000 millones de pesos. Aclaró que ellos “no tuvieron ningún tipo de participación en la estructuración o ejecución de dicha operación. Es más, tomaron conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación”, puntualizó el abogado de estos dos implicados en Operación Calamar.
“Tampoco es cierta la afirmación de que los señores Fernando Crisóstomo Herrera y José Arturo Ureña formen parte como actores claves o de primer orden en la estructura imputada finalmente por el Ministerio Público. Por ende, no tenían las prerrogativas o atribuciones públicas para la toma de decisiones”, manifestó.
Afirmó que su participación, sobre todo en el caso del señor Fernando Crisóstomo, se limitó a las actividades de gestión del cobro de acreencias estatales. Las mismas que ya se desarrollaban desde hace muchos años a través de sus empresas.
