Claudia Franchesca de los Santos deplora que la Procuraduría deje de transferir al Intrant el 25% de las recaudaciones por infracciones que debe ser invertido en seguridad vial.
Santo Domingo, RD.- La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, se muestra optimista, aunque reconoce que República Dominicana afronta, por primera vez en su historia, el gran reto de impulsar un cambio en el comportamiento de conductores y peatones respecto a la seguridad vial y la movilidad.
De los Santos deplora que, según datos recientes, las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana alcancen una tasa de 29.28 fatalidades por cada 100 mil habitantes. Además, que los fallecimientos por esta causa tengan un costo de un 2.21% del producto interno bruto (PIB), así como que la Procuraduría General de la República incumpla con transferir al Intrant el 25% de las recaudaciones por infracciones de tránsito.
¿Qué acciones desarrolla el Intrant para disminuir los accidentes de
tránsito?
Desarrolla, coordina y monitorea 136 líneas de acción establecidas en el Plan
Estratégico Nacional de Seguridad Vial (PENSV) 2017-2020, que busca reducir las
muertes por accidentes de tránsito en un 30%. Entre las acciones primarias más
significativas, por su impacto en la eficacia y eficiencia de la política
pública, está la de recolectar, consolidar y explotar, por primera vez en un
solo organismo especializado, toda la información epidemiológica de los
accidentes de tránsito, así como la relacionada a la movilidad terrestre. El
Observatorio Permanente de Seguridad Vial, cuyas estadísticas nacionales son
utilizadas para saber cuándo, dónde y por qué ocurren los siniestros viales,
permite maximizar la rentabilidad de los recursos públicos definiendo
estrategias de prevención que apunten a las áreas más críticas.
Estos datos se utilizan para identificar puntos de alta ocurrencia de fatalidades provocadas por el tránsito, así como tramos de alta concentración de accidentes en las principales vías de todo el territorio nacional. Todas estas áreas críticas son estudiadas por el Intrant y posteriormente son recomendadas al Ministerio de Obras Públicas, en los casos que aplique, las intervenciones que corrijan las situaciones irregulares que causan estos incidentes.
¿Cuáles son los problemas que provocan tantos accidentes de tránsito
en el país?
Países como Costa Rica empezaron a implementar un enfoque integral de la
gestión de la seguridad vial hace más de cuatro décadas, mientras República
Dominicana no fue sino hasta tan reciente como el año 2017 que aprobamos la
primera política pública moderna para abordar este tema con el Plan Estratégico
Nacional de Seguridad Vial e, inmediatamente, la promulgación de la Ley No.
63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Antes de
ese nuevo marco jurídico teníamos diferentes instituciones sin una política
clara que las alineara, ejecutando acciones de manera dispersa y utilizando
datos sesgados o incompletos para realizarlas.
Hay que ser conscientes del marco jurídico obsoleto anterior a esa ley. Era fundamentalmente del año 1967, cuando la población dominicana era solo de aproximadamente 4 millones de habitantes y la mayoría de las vías principales no existían, en contraste con los más de 10 millones que somos ahora.
También, el parque vehicular en la época en que se había aprobado esa legislación era insignificante comparado con los más de cuatro millones de vehículos que tenemos ahora, y en un contexto socioeconómico actual, en el que ya más del 80% de la población dominicana vive en zonas urbanas, y donde tenemos una población flotante de más de 7 millones de visitantes. Es decir, que por más de cinco décadas operábamos como país con un marco jurídico que fue haciéndose inadecuado según fueron evolucionando y haciéndose más complejas nuestras ciudades. Ni qué decir de la evolución tecnológica que ha mediatizado muchos comportamientos, por lo que uno de los ejes de la nueva Ley son los Sistemas Inteligentes de Transporte.
En pocas palabras, empezamos tarde a dotarnos de un enfoque holístico para enfrentar la problemática de los accidentes de tránsito, y precisamente por eso el dominicano se acostumbró a convivir tanto con el peligro que simplemente redujo su capacidad para percibir el riesgo en las vías, y esto es algo que nos dicen expertos en seguridad vial de otros países que nos apoyan desde organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o el Banco Interamericano de Desarrollo.
En última instancia, se trata de producir un cambio de comportamiento de los ciudadanos, sobre la base de un cambio de paradigma, y esto no es fácil, sobre todo cuando apenas empezamos el abordamiento correcto de este tema hace escasamente 3 años. Sin embargo, estamos avanzando con pasos firmes para conseguirlo, y si atendemos a distintos indicadores como la reducción de la accidentalidad o la mejora de los registros ya lo estamos consiguiendo, aunque no nos sentiremos satisfechos hasta que lo hagamos del todo, porque eso se toma su tiempo.
¿Considera la educación y la aplicación estricta de un régimen de
consecuencias suficientes para superar el problema?
Ciertamente, la mejora de la capacitación, formación y educación vial y el
establecimiento de un más potente régimen de consecuencias, son medidas
imprescindibles que contribuyen enormemente a la reducción de los accidentes de
tránsito, pero no son suficientes.
El problema es complejo y, correspondientemente, las soluciones, por lo que se necesitan de más medidas y contramedidas para llegar a tener éxito. El problema del problema, o el problema de la solución al problema, está en que muchas de ellas son inabordables en lo inmediato, y todas de forma paralela son imposibles. Se necesita tiempo y, ¿por qué no decirlo?, recursos, que lamentablemente no es que sobren.
Lograr cambiar lo que ocurre en nuestras vías amerita también acciones que, por un lado, refuercen al ciudadano que tiene un buen comportamiento, y por el otro, castiguen y reeduquen al infractor. Esto es lo que fundamentalmente demuestra la evidencia científica que funciona y, por supuesto, todo debe sustentarse en el uso intensivo de la tecnología con un enfoque que nos mueva hacía la gestión inteligente de la movilidad.
Asimismo, necesitamos invertir en más investigación científica y en mejores sistemas de datos sobre movilidad y seguridad vial, pues nuestras ciudades siguen creciendo y evolucionando, por lo que la única manera de gestionarlas apropiadamente es disponiendo oportunamente de más y mejores datos.
¿Utilizan algún tipo de tecnología, como cámaras de vigilancia, para
controlar el tránsito?
Sí, el Intrant trabaja en la ampliación y mejora de su Centro de Control de
Tráfico para la ciudad de Santo Domingo, para semaforizar y modernizar 297
intersecciones del Gran Santo Domingo, incluyendo cámaras de alta resolución
para monitorear el tránsito. Pretendemos crear otros Centros de Control de
Tránsito en otras ciudades de las más densamente pobladas, como Santiago y San
Cristóbal, en la medida en que los recursos lo permitan.
Estamos probando radares, como piloto, en la línea de implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que permitirán facilitar y potenciar bastante el trabajo de fiscalización, automatizando procesos que realizan manualmente los agentes de tránsito, escasos en número para controlar a una población desproporcionalmente numerosa. También, permitiendo objetivar mayormente las conductas infractoras y rompiendo la desconfianza de la población en el sistema que se ha labrado por años en razón de malas prácticas. De hecho, hemos comenzado a aplicar otros sistemas como son los alcoholímetros, para atender una conducta especialmente peligrosa y de gran incidencia como es la de manejar bajo los efectos del alcohol.
¿Qué acciones ejecuta el Intrant para reducir las muertes o lesiones
por accidentes en el caso de las motocicletas?
Los usuarios de motocicletas representan el grupo de más alto riesgo en
nuestras vías, pues representan el 67.3% del total de muertes por siniestros
viales, razón por la cual hemos elaborado una metodología de abordamiento
especial para este tipo de usuarios de las vías, la cual hemos denominado Plan
Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas.
Este plan se mueve en cinco ejes fundamentales, tres que atacan los factores generales que producen los siniestros viales: humano, vía, vehículo, así como otros dos transversales: enforcement e investigaciones.
Entre las líneas de acción más importantes que estamos implementando están las mejoras y nuevas exigencias que hemos establecido para la obtención de la licencia de conducir para motociclistas. Hemos fortalecido e intensificado la educación vial para este tipo de usuarios, pero además, hemos realizado estudios para determinar el estado del parque vehicular de motocicletas. También hemos trabajado en la elaboración de un reglamento específico para este tipo de medio de transporte, que está pendiente de aprobación por el Poder Ejecutivo.
Una de las medidas que queremos potenciar es el uso del casco, con medidas que van desde la propia concienciación a través de campañas, la fiscalización, o lo que va a ser novedoso a nivel mundial, la obligación de demostrar que se posee y revisión/homologación, que se dará con la Inspección Técnica Vehicular cuando esté definitivamente implementada.
¿Cuál es su visión sobre la evolución de los accidentes de tránsitos
en los últimos diez años?
En el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de
situación de la seguridad vial en el mundo, publicado en 2013, con datos
correspondientes a 2010, República Dominicana resaltaba con una tasa de 41.7
muertes por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo en ese momento,
mientras la última edición de ese mismo informe, publicado en 2018, con datos
de 2016, aparecemos con un tasa de 34.6 muertes por cada 100 mil habitantes,
por lo que podemos ver una tendencia a la reducción de este indicador. Pero más
aún, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial publicó recientemente su
informe con datos de 2018, donde se evidenció una tasa de 29.28 fatalidades por
cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción de esta tasa de
aproximadamente un 30% en los últimos 10 años, lo que equivale a más de 1,100
vidas salvadas.
No queremos decir que hemos ganado la guerra contra esta problemática. Por el contrario, nos queda un largo recorrido, pero estamos trabajando en correspondencia, siguiendo el camino correcto, gracias a una metodología de abordamiento de la problemática que se sustenta en el método científico, contando con un equipo de personas preparadas y comprometidas con salvar vidas, donde únicamente nos puede limitar en velocidad, pero no parar, la disponibilidad de recursos.
¿Con qué personal y con qué presupuesto cuenta el Intrant?
A pesar de ser una institución relativamente nueva, no partió de cero, sino que
cuando se puso en operación, en julio de 2017, integramos el personal de varias
instituciones, como el Fondet, la DGTT, OTTT, el CART y la Caja de Pensiones y
Jubilaciones para los Choferes del Transporte Público. Actualmente contamos
1,305 empleados distribuidos en oficinas a nivel nacional, de los cuales cerca
del 90% son empleados heredados de las antiguas instituciones absorbidas.
El presupuesto para este 2020 asciende a RD$1,828 millones, de los cuales, la mayor parte se dedica a gastos fijos, es decir, los compromisos mensuales mínimos que necesitamos para las operaciones ordinarias y básicas. Desde luego no es el presupuesto suficiente. Más, si tenemos en cuenta, como bien dicen los organismos internacionales y demuestra la literatura científica, que la rentabilidad de los fondos que se invierten en esta problemática es muy alta, partiendo de que los costos que de forma directa e indirecta afectan al Estado y sus ciudadanos son muy altas, pues solo el costo de las muertes por siniestros viales se cifra en torno al 2.21% del PIB. No nos engañemos, los recursos humanos, y la competencia de los mismos, están directamente relacionados con los recursos económicos.
¿Qué falta para que las autoridades implementen en toda su dimensión
la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial?
Por lo pronto, como he venido diciendo, que se cuente con los recursos
presupuestarios que son indispensables para la ejecución, pero también de un
apoyo de la población, que vea todas las medidas, incluidas aquellas de
carácter represivo, como una mejora en lo personal y social, que no es otra que
la generación de un entorno más humano y seguro.
Desgraciadamente, estamos más que acostumbrados a todo lo contrario, a un caos, y un cambio requiere del compromiso de todos que debe empezar por uno mismo.
Las limitaciones presupuestarias son en cierto grado salvables, si consideramos que cosas tan elementales como el hecho de que el 25% de las recaudaciones por infracciones que establece la ley y debería transferirse al Intrant, de acuerdo a la Ley No. 63-17, para invertirlos en seguridad vial, no están siendo transferidos por la Procuraduría. No olvidemos que el brazo fiscalizador de la ley, así como de los reglamentos, resoluciones y normativas emanadas del Intrant deben también de ser dotada de personal y presupuesto adecuado para hacer su trabajo adecuadamente.
Asimismo, es importante señalar que las alcaldías deben asumir su responsabilidad respecto de la movilidad y la seguridad vial. El Intrant les apoyará, tal y como establece la Ley 63-17, por lo cual los gobiernos locales deben destinar recursos y crear las áreas especializadas con el personal técnico adecuado para manejar las responsabilidades que les atribuye el marco jurídico, y para ello es que también deben de contar con los referidos recursos.
En otro sentido, el Estado debe hacer las inversiones necesarias para acelerar el proceso que hemos iniciado para lograr la colectivización del transporte público de pasajeros. Desde el Intrant iniciamos a licitar nuevos corredores que operarán con autobuses modernos de mayor capacidad, más seguros y menos contaminantes que sustituirán de una vez y por todas a los ineficientes carros de concho y otras unidades, integrando al nuevo sistema a los chóferes después de ser reeducados.
Sin embargo, deben financiarse también los estudios correspondientes para evaluar la factibilidad de opciones de tranvía en vías troncales de la ciudad de Santo Domingo para fortalecer los desplazamientos en dirección Norte-Sur y viceversa, y realizar también las inversiones para la construcción de este tipo de proyecto, mientras que paralelamente se van incrementado la capacidades del sistema de Metro y Teleférico.
Acerca de Claudia Franchesca de los Santos
Ingeniera Civil con un postgrado en Administración de la Construcción, Claudia Franchesca De los Santos Tavárez fue designada por el Poder Ejecutivo como Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mediante el Decreto No. 236-17, de fecha 3 de julio 2017.
Antes se desempeñaba como viceministra de Obras Públicas, en donde participó en diferentes proyectos viales realizados en los principales corredores de Santo Domingo y Santiago. Participó además en la construcción de los centros CAID, en edificaciones escolares y en Ciudad Juan Bosch.
Coordinó la Mesa Técnica de la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial. Ha sido Encargada de la Subcomisión de Transporte e Infraestructura ante la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, asesora de Infraestructura de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, presidenta de la Junta de Directores del Instituto Postal Dominicano y miembro y presidenta de la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
Ha sido encargada de comisiones responsables de la elaboración y actualización de diferentes reglamentos de construcción en el país, análisis y diseño sísmico de estructuras, incendio, circulación vertical, así como de estructuras de madera y metálicas.
