Gobierno y ambientalistas enfrentados por una segunda planta de celulosa de la finlandesa UPM en Uruguay

El Ejecutivo de Tabaré Vázquez ha afirmado que se trata de “la mayor inversión que históricamente ha recibido Uruguay”

La empresa finlandesa UPM ha anunciado que invertirá más de 3.000 millones de dólares en la construcción de una segunda planta de celulosa de eucalyptus en Uruguay. 

A través de un comunicado, UPM ha explicado que 2.700 millones de dólares irán destinados a la planta industrial, que estará situada en el departamento de Durazno, en el centro del país, y otros 350 millones de dólares a actividades portuarias en Montevideo e instalaciones locales en el Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, también en el centro. Está previsto que el funcionamiento comience en la segunda mitad de 2022.

Tras finalizar la construcción, se estima que la planta aumente en aproximadamente un 2 % el producto bruto de Uruguay y en un 12 % el valor anual de las exportaciones del país, según el comunicado de UMP, que cita “estudios socioeconómicos independientes”, sin ofrecer más detalles.

UPM calcula que durante este proceso se llegará a contratar a unas 6.000 personas, y después se crearán unos 10.000 empleos permanentes.

El Ejecutivo de Tabaré Vázquez ha afirmado que se trata de “la mayor inversión que históricamente ha recibido Uruguay”. “La inversión de UPM refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad para la llegada de inversiones extranjeras”, ha subrayado en un comunicado. 

“El gobierno no negoció bien”

La oposición uruguaya celebró la inversión, pero también, de la misma forma que algunos ciudadanos, mostró su preocupación por el impacto ambiental y financiero que tendrá la planta en el país.

Por su parte, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) también aseguró que el acuerdo compromete al país con “gastos que suman más de 4.000 millones de dólares”, así como a “modificaciones en lo laboral, lo educativo” y “graves consecuencias” en materia ambiental y social, “sin obtener de la operación de esa planta en zona franca ni un peso”.