La Secretaría de Relaciones Exteriores de México califica de «riesgo para la seguridad humana de los migrantes» el patrullaje «al margen de las estructuras legales del gobierno federal»

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha expresado su preocupación ante las acciones de milicias armadas de EE.UU. que esta semana empezaron a detener a familias enteras de migrantes en el estado sureño de Nuevo México, cerca de la frontera con México, para luego entregarlas a agentes de la Patrulla Fronteriza, según reza un comunicado oficial publicado en el sitio del organismo.

«El Gobierno de México expresa su profunda preocupación ante las actividades de intimidación y extorsión a migrantes por parte de grupos de milicias en la frontera de Nuevo México», reza el texto del documento.

Según la Secretaría, «este tipo de prácticas pueden conducir a un atropello a los derechos humanos de las personas que migran o que solicitan asilo o refugio en Estados Unidos».

Además, califica de «riesgo para la seguridad humana de los migrantes» el patrullaje «al margen de las estructuras legales del gobierno federal».

Unos 300 migrantes bajo el acecho de milicias

El pasado 16 de abril miembros del grupo de milicias de la derecha estadounidense United Constitutional Patriots privaron de la libertad a alrededor de 300 personas, entre ellos niños pequeños, cerca de la ciudad de Sunland Park (Nuevo México, EE.UU.), publicando luego vídeos y fotos de sus acciones en las redes sociales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Nuevo México (ACLU, por sus siglas en inglés) ha denunciado  los hechos en una carta dirigida a la gobernadora del estado, Michelle Lujan Grisham, y al fiscal general Héctor Balderas, en la que piden que investiguen la detención ilícita de cientos de migrantes en la frontera sur.

Para la gobernadora Grisham es «totalmente inaceptable» que las familias de migrantes «puedan ser intimidadas o amenazadas de cualquier forma» cuando llegan a la frontera estadounidense, ya que los ciudadanos comunes no tienen autoridad para arrestar o detener a nadie. El fiscal general Héctor Balderas también ha criticado el comportamiento de los llamados patriotas.

Por su parte, Jim Benvie, miembro de United Constitutional Patriots, declaró a The New York Times que sus acciones fueron legales y calificando la detención de «arresto civil verbal». Según él, solo tratan de «apoyar a la Patrulla Fronteriza y mostrar a la gente la realidad en la frontera».

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