SANTO DOMING, República Dominicana.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, se mostró sorprendido de la actitud de algunos dirigentes sindicales al indicar que la transformación y disolución del Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS), anunciada por el Presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero, debe ser discutida nuevamente.
Santana
precisó que eso ya fue discutido hace 20 años y se aprobó la Ley 87-01 que creó
el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social, estableció un nuevo régimen,
en sustitución y transformación del
infuncional que existió por más de medio siglo sin resolver ninguno de los
grandes problemas sociales de la población.
En ese
aspecto, Santana recordó que fueron creadas nuevas instituciones en sustitución
de entidades viejas fracasadas. También explicó que para sustituir al IDSS
fueron creados el Consejo Nacional de la Seguridad Social, las
superintendencias, las prestadoras de servicios y las administradoras de
riesgos. “Sin embargo, en la práctica lo que pasó a fue que, en lugar de suprimirse y transformarse las instituciones obsoletas, las nuevas se superpusieron a ellas, generándose
una burocracia innecesaria, y el IDSS devino en una máquina devoradora de recursos
de los contribuyentes”, precisó el ministro de Economía.
Manifestó que en los 18 años transcurridos tras
la reforma, solo del presupuesto nacional al IDSS se le han transferido 780 millones de dólares, concretamente
entre 2002 y marzo de 2019; siendo el acumulado de fondos transferidos de 30
mil millones de pesos. El ministro indicó que estos recursos públicos alimentan
las ineficiencias, el clientelismo y la corruptela.
Precisó que de acuerdo con datos de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del MEPyD, a partir de consultas del SIGEF (Sistema de Información de la Gestión Financiera) e informes de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), entre 2003 y 2017, el IDSS reportó una ejecución anual de gastos promedio de 83.6 millones de dólares, de los cuales aproximadamente dos terceras partes se financiaron con transferencias corrientes desde el Gobierno central.