El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado fuertes críticas a la Procuraduría General de la Nación por abrir una investigación disciplinaria contra Álvaro Moisés Ninco Daza, exembajador del país en México; Gareth Steven Sella Forero, viceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad; María Niny Echeverry, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y Jaider David Rozo Rojas, contratista de RTVC conocido como Don Izquierdo.
El caso se abrió “por incurrir en presuntos pronunciamientos calumniosos” en contra de la periodista Diana Saray Giraldo y “promover un escenario de violencia digital a partir de su oficio”.
La periodista de Caracol Radio llegó a estar en el centro de la polémica después del asesinato en marzo por las disidencias de las extintas FARC del líder social Josué Castellanos. La mujer señaló en público que el movimiento Centro Oriente, al que pertenecía Castellanos, era el brazo político del ELN. No basó esa conclusión en fuente fiable alguna, limitándose a decir que “todos” así lo señalaban.
“¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado? Va a mi punto: poder de prensa, más no ‘libertad’. Como cineasta sé el poder que una narrativa puede generar para legitimar una acción. Eso sí me aterra”, comentó Gareth Sella.
“Diana Giraldo señala que jamás ha sido censurada en sus publicaciones, goza de libertad. Contrasta con la situación del líder campesino Josué Castellanos, quien fue asesinado luego de que ella hiciera una publicación en la cual señaló a su organización como colaboradora de una guerrilla“, tuiteó, a su vez, el exembajador en México.
Ante la persecución a funcionarios de la Administración de Petro supuestamente por “atentar” contra el “buen nombre, honor y honra” de la periodista de Caracol Radio, el mandatario se preguntó si la Procuraduría quería parecerse a la Policía secreta de la Alemania nazi.
“Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser la Gestapo?”, preguntó Petro, pidiendo a “las víctimas de esta violación de derechos humanos poner las denuncias respectivas en la Justicia nacional e internacional”. “En el Gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos”, subrayó.
