La extracción de larimar y ámbar sustenta las familias de 421 mineros.
Santo Domingo, RD.- Las medidas adoptadas por los gobiernos para frenar la propagación del covid-19, como el cierre de fronteras y el confinamiento social, ha afectado a diversos sectores productivos de la economía dominicana. En República Dominicana también la minería se vio obligada a paralizar sus labores por la crisis sanitaria asociada a la pandemia que, al 4 de agosto, afectó a 75,660 personas y mató a 1,222.
Pese a esos embates, el director General de Minería (DGM), Alexander Medina Herasme, aseguró que la minería dominicana está lista para contribuir al desarrollo económico nacional y a la recuperación de la economía, luego de la paralización económica por las medidas sanitarias adoptadas por el coronavirus SARS-CoV-2.
La minería del país incluye al ámbar y al larimar, una resina y una piedra propia del país definidas como de un “gran valor material, histórico y cultural” y que ganan espacio en el mercado de la joyería nacional e internacional.
Durante el período diciembre 2018-octubre 2019 se reportaron a las autoridades 61,678 libras de larimar de diferentes grados de pureza y 2,522 libras de ámbar.
A diciembre de 2019 en el país existían 87 excavaciones activas, 19 menos que en 2018. En total, había 48 perforaciones para la búsqueda de larimar y 39 para ámbar (14 en El Valle, Hato Mayor, y 25 en Santiago).
La extracción de larimar y el ámbar sirve de sustento a 421 mineros, según datos de la Dirección General de Minería.
La informalidad de la minería artesanal llevó a la creación de un reglamento que busca regular las operaciones en las excavaciones de ámbar y larimar, define las responsabilidades de las empresas que se dedican a la pequeña minería y exige medidas de seguridad para los mineros.
Según la DGM, durante el período 2012-2020 se reportó la muerte de 18 mineros de ámbar y larimar, un problema que motivó al Gobierno a dictar un reglamento para regular, fiscalizar, controlar y desarrollar la extracción artesanal de ámbar y larimar.
El Estado reconoce que la minería artesanal se ejecuta actualmente de manera informal, “sin derechos mineros, responsabilidad o controles apropiados de seguridad y salud para los trabajadores”.
Establece la obligación de presentar informes de producción al Ministerio de Energía y Minas, así como el pago de tributos, para aportar “al Estado dominicano los beneficios de la explotación de dichos recursos”.
El director de Minería afirma que el reglamento provocará “un antes y un después” en la minería artesanal. “Lo primero es que nadie va a poder abrir un pozo sin permiso, sino que ahora debe solicitarlo al Ministerio de Energía y Minas y dentro de la solicitud, la persona debe demostrar que el dueño del terreno le dio permiso para hacer ese pozo”.
Sostiene que luego de otorgarle el permiso para abrir el pozo, se le dará un derecho minero de un área que certifica que la persona es la propietaria y que esos derechos son inmobiliarios, o sea, que la persona lo puede poner como garantía en un banco.
Asegura que el reglamento obliga a los inversionistas a cuidar de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como a formalizarlos en la seguridad social.
Además, tiene que formalizarse la persona o empresa que va a extraer esos materiales, con Impuestos Internos y el Ministerio de Industria Comercio, con la creación de una mipyme.
“La formalidad que tendrá el sector cambiará el sentido del negocio, porque ahora el inversionista es el responsable de todo lo que pase en la mina”, explica.
Mientras, el director de Minería Artesanal de la DGM, Eugenio Lugo, afirma que el Estado trabaja en la implementación del Decreto 370-19, pero que algunos empresarios se rehúsan a asumir responsabilidad y amenazan con parar la actividad.
“Les hemos compartido el decreto, pero realmente ellos están renuentes, porque es muy bueno tener una perforación sin asumir ningún riesgo”, asegura Lugo.
Yony Jean, quien por un año se dedicó a la minería informal, explica que dejó de entrar a los pozos en busca de ámbar, debido al peligro al que se exponía. “Yo si trabajo es arriba, porque dentro de un pozo no lo hago”.
“Antes uno trabajaba con machete y con un palo y sentía que mi vida estaba en peligro al estar hasta 60 pies bajo tierra”, dice.
Señala que antes, los encargados de los pozos no tenían ninguna responsabilidad con lo que le pasaba a los mineros, por lo que espera que el reglamento traiga formalidad al sector. “Los mineros trabajábamos sin seguridad, sin un seguro y sin el uniforme que exige este tipo de labores, pero esperamos que después del decreto (370-19) los inversionistas sean responsables con los trabajadores”, afirma Jean.
Mientras, Lugo resalta que el citado decreto establece los mecanismos legales para hacer cumplir las reglas, ya que a su entender al ser una minería social, no estaba organizada, a diferencia de la gran minería, la cual tiene su marco legal definido y tiene reglas y requisitos.
Retos
El director de Minería afirma que el trabajo más importante es hacer cumplir el marco legal, el cual permitirá dirigir y exigir la formalización a todas las actividades, para lo cual se dará un plazo a todas las operaciones existentes que se formalicen bajo el nuevo esquema.
“Sin embargo, todas las operaciones nuevas tendrán que trabajar bajo el nuevo esquema y sólo podrán abrir cuando se emita el permiso de extracción. Quienes no estén formalizados no podrán operar”, dice.
Señala que para dar a conocer el reglamento a los mineros técnicos de la institución se trasladaron a sus puntos de operación.
Los mineros solicitaron que se les preservara su derecho en la zona de extracción.
“Se creó una zona exclusiva de minería artesanal, donde solo se le pueden otorgar concesiones a los mineros y solo los de esa provincia pueden solicitar esos permisos, lo que prohíbe otorgar esos permisos de extracción de minería artesanal a extranjeros”, dice Lugo. “El reglamento busca beneficiar a la población rural de la zona de extracción”, añade.
Explica que el reglamento obliga a los mineros a reportar la producción de cada día, además les da derecho a las autoridades a hacer la fiscalización de la actividad.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Geología (Sodogeo), Miguel Díaz, considera la minería informal posiblemente como “un problema social”, ya que se caracteriza por la falta de recursos económicos, por lo cual tiende a ser muy difícil de regular. Recuerda que el sector carece tiene capacidad técnica y tecnológica.
Señala que el problema de la minería informal es que, por su naturaleza, es pequeña, razón por la que no hay una consistencia de generación de dinero. Eso significa que la gente trata de minimizar la inversión, lo cual hace posible que haya más riesgos.
“El hecho de que sea a pequeña escala y que no tenga la tecnología que se necesita, hace que la regulación sea muy difícil, porque hay muchos minerales diferentes y cada uno tiene su ambiente específico y los académicos sí pueden estudiarlo, pero los mineros usualmente no puede dedicarle tiempo ni recursos a ese tema”, sostuvo.
Los mineros necesitan campañas de educación por parte de las autoridades para que sean conscientes de los riesgos a que se exponen. Asegura que mientras más transparente son las leyes, el país podrá atraer a las mejores compañías del mundo, las cuales no quieren invertir en países donde la ley cambia todos los días.
Medio ambiente
El titular de la DGM afirma que el país busca hacer que la minería sea más sostenible, siendo capaz de remediar su impacto al medio ambiente.
Afirma que se debe hacer un trabajo cercano, ya que muchas personas desconocen que la minería tiene muchas soluciones tecnológicas para todos sus impactos, tales como limpiar el agua, controlar los arrastres de las corrientes y los deslizamientos de tierra e invertir en la protección del medio ambiente como parte del costo de la minería.
“Queremos que la minería en la parte ambiental repare todo su impacto al bosque, que las aguas que salgan al ambiente sean limpias, que las emisiones al aire sean filtradas y no salga polvo ni salgan partículas de azufre”, dice Medina Herasme.
En la parte social, indica que ese sector busca que el impacto a la comunidad sea positivo, haciendo que la minería se preocupe porque la comunidad se prepara para el día que ya no esté, con áreas de negocios que sean resilientes a la actividad minera, ya que la minería tiene una vida finita.
Agregados
Medina Herasme explica que la extracción de agregados para la construcción o minerales para el desarrollo, es otra de las actividades más grandes que tiene la minería en el país.
Señala que en el país hay tres minas metálicas en operación, pero las no metálicas representan la mayoría de las minas, dentro de las cuales destaca las enfocadas en la producción de cemento, que usa básicamente caliza y yeso, la cual alimenta a unas siete plantas.
“También se utiliza la roca puzolánica, la cual abarata los costos del cemento, porque se puede sustituir hasta el 20% del clinker de cemento por ese tipo de roca que tiene propiedades cementicias y también el transporte es más barato.
Hasta ahora solo Cemento Cibao es la que se surte de ese tipo de roca”, dice.
Medina Herasme resalta que hay una parte de la minería de agregados que se hace con concesiones bajo la Ley 146 del Ministerio de Energía y Minas y la Ley 123 que aplica el Ministerio de Medio Ambiente.
