En las penitenciarías brasileñas, la aglomeración es la regla y el acceso a recursos de higiene es limitado.
El sistema penitenciario brasileño carga con el lastre del hacinamiento, una situación que provoca la vulneración de los derechos elementales de las personas presas, sobre todo en medio de una crisis sanitaria como la del coronavirus. Las cárceles de Brasil abrigan un 40 % más de individuos que las plazas existentes. Es decir, no existe una estructura prevista para cuatro de cada diez o, visto de otra manera, cada persona solo tiene acceso a la mitad del espacio que, en teoría, le correspondería. Si el encarcelamiento ya presupone, de por sí, el confinamiento en espacios pequeños, en Brasil como en muchos otros lugares del mundo, los condenados reciben una pena extra y es la de vivir amontonados.
Mantener las distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y lavar las manos frecuentemente son algunas de las recomendaciones básicas para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. No obstante, “¿cómo hacer esto en las prisiones? En las penitenciarías brasileñas, la aglomeración es la regla y el acceso a recursos de higiene es limitado“, expone en un comunicado la Red de Observatorios de Seguridad.
Hasta el día de hoy no hay ningún caso confirmado de personas contagiadas por coronavirus dentro de una prisión brasileña. No obstante, una investigación del periódico brasileño The Intercept desveló el 16 de marzo la existencia de cuatro casos sospechoso en la prisión Milton Dias Moreira, situada a las afueras de Río de Janerio. Pablo Nunes, investigador del Observatorio de la Seguridad de Río de Janeiro, afirma que todavía no se tiene una confirmación pública en relación a estas sospechas y anuncia que hay otros casos sospechosos en los estados de Sao Paulo y Ceará. “Si los resultados de los hospitales demoran en llegar, imagínense los de las prisiones“, declara este especialista en seguridad, que además añade que “una de las características del sistema penitenciario brasileño es su total opacidad con determinadas informaciones”.
En China se detectaron más de 500 casos dentro de los sistemas penitenciarios. Por lo menos un preso y un vigilante del sistema penitenciario francés han fallecido por coronavirus, motivo por el que el ministerio de Justicia de Francia determinó a mitad de marzo la libertad anticipada de más de 6.000 presos que estaban cerca de culminar sus penas o que estaban en prisión preventiva por acusaciones no violentas. En el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, en Nueva York, ya había más de 20 presos contagiados desde el principio de la pandemia en el país. Además, solo en el estado de California se han confirmado 35 prisiones que albergan casos positivos de trabajadores y reclusos, motivo por el que las autoridades anunciaron la libertad condicional acelerada para 3.500 reclusos. Y en Irán, los magistrados autorizaron la liberación temporal de más de 70.000 presos para evitar la diseminación del virus.
Las condiciones de vida dentro de las prisiones colocan a las personas en condiciones de gran vulnerabilidad
“La crisis provocada por el nuevo coronavirus exige medidas fuertes, creativas y de gran alcance. El Estado es el responsable por las vidas de las personas que están bajo su custodia y debe actuar con firmeza para evitar que la epidemia provoque muertes de enfermos en las prisiones y nuevos récords vergonzosos”, declara la Red de Observatorios de Seguridad que denuncia, entre otras realidades, la ausencia de servicios médicos suficientes dentro de los presidios. La Red, que tiene acceso directo a los datos de los estados de Bahia, Ceará, Pernambuco, Río de Janeiro y Sao Paulo, afirma que solo en estas zonas hay más de 46.000 presos que viven en cárceles sin consultorio médico.
En estos cinco estados, solo el 73,6 % de las prisiones tienen farmacia para suministrar medicamentos, dejando desprotegida a una parte de la población que en este momento está encarcelada y sin poder recibir visitas ni insumos del exterior debido a las medidas de prevención frente a la pandemia. Uno de los bienes de primera necesidad que brillan por su ausencia en este momento es el jabón. Como resultado de las precarias condiciones de higiene y de alimentación, diversas enfermedades o patologías se vuelven comunes en la prisión: véase el VIH, la anemia, la diabetes o la epidemia de tuberculosis que, según una publicación de la Agencia Pública, amenaza a buena parte de las prisiones brasileñas. De acuerdo con este medio, las autoridades sanitarias confirmaron 10.000 casos de personas con tuberculosis dentro de las prisiones, una incidencia 35 veces mayor que la de la gente que está en libertad.
En la hipótesis de posibles contagiados de coronavirus dentro de una de estas prisiones brasileñas, solo la mitad de ellas cuentan con una celda para observación de enfermos, lo que coloca en una situación de extrema vulnerabilidad al resto de presidiarios y presidiarias. Según subraya la Red, la Constitución Federal de 1988 dispone el deber de garantizar la integridad física y moral de los presos. Asimismo, las llamadas Reglas de Mandela –Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos firmadas en 1995 por diversos países, entre ellos Brasil– disponen que las personas encarceladas deberán tener acceso a los mismos servicios de salud que el resto de la comunidad, sin discriminación por su situación jurídica. También recogen que las celdas no deberán ser ocupadas por más de un integrante, salvo en excepciones puntuales y temporales, y deberán satisfacer un nivel de higiene y salud satisfactorio.
“El gobierno brasileño es negligente con las condiciones sanitarias de las prisiones y esto es incompatible con el cumplimiento digno de sus penas”, declara Nunes. “Brasil no cumple ninguna de las recomendaciones de ninguno de los acuerdos de derechos humanos y condiciones mínimas de las prisiones de los que es signatario“, añade.
Libertad de algunos presos para aliviar las condiciones de hacinamiento
En Brasil hay un total de 722.276 personas encarceladas para un sistema penitenciario que cuenta con apenas 436.815 plazas, de acuerdo con los últimos datos del servicio de Informaciones Estadísticas del Sistema Penitenciario Brasileño (Infopen), de junio de 2019. Esto representa una ocupación real que casi dobla la capacidad de las instalaciones a nivel nacional. Los estados más afectados son Ceará y Pernambuco, situados en el nordeste del país, donde la tasa de sobreocupación asciende a más del 170 %. Del total de personas presas en Brasil, el 34,8 % están cumpliendo la prisión provisional, es decir, 252.000 de estos encarcelados todavía no han sido juzgados.
Frente al riesgo de contagio descontrolado en las prisiones y siguiendo las medidas tomadas por otros países, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil recomendó la liberación de 5.000 personas que todavía no hayan recibido una sentencia porque estén en prisión preventiva esperando ser juzgados por acusaciones de crímenes no violentos o quese encuadren en el grupo de riesgo. Esto implica padecer una enfermedad crónica, tener más de 60 años, ser madre o única persona responsable de una criatura de hasta 12 años o con deficiencia, estar embarazada o estar amamantando. Además, el CNJ recomienda que la medida sea principalmente tenida en cuenta por todas aquellas prisiones que exceden su capacidad, lo que coloca a los internos en un riesgo mayor. La decisión sobre quién obtiene la libertad excepcional durante el estado de crisis sanitaria le cabe a los propios jueces que deberán analizar caso por caso. Hasta ahora, los magistrados del estado de Bahía han liberado unas 800 personas, en Santa Catarina en torno a 1.000 y el estado de Río Grande do Sul lidera el ranking de número de aprobaciones de prisión domiciliar temporal con 3.400 casos aprobados (hasta el momento solo 1.800 han conseguido salir).
El ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, apoya la medida en casos puntuales, pero subraya que se debe tener cuidado de no soltar a los sentenciados por crimen organizado porque podrían ser “un riesgo para la población”. “Todo lo que no necesitamos ahora es sumarle a la crisis de salud y a los problemas económicos una crisis de seguridad“, declaró Moro este 31 de marzo. Además apuntó que el Ejército estará a disposición para ayudar al personal sanitario en las intervenciones que puedan ser necesarias dentro de la cárcel. No obstante, insistió en que el aislamiento de las personas dentro de las prisiones ya debería ser una medida suficiente para evitar que el coronavirus se propague: “Existe un ambiente de una cierta seguridad en el sistema penitenciario frente al coronavirus por la propia condición de aislamiento social de los presos”. Además, añadió que su situación de aislamiento “no es muy diferente de las restricciones a las que los ciudadanos brasileños están siendo sometidos”.
Si bien Nunes considera que esta crisis sanitaria puede representar una ventana de oportunidades para que el gobierno brasileño se replantee las condiciones del sistema penitenciario, pocas son las medidas que han tomado a nivel estatal para proteger a la población que está en las prisiones. “El gobierno no está tratando a las personas de las prisiones como una prioridad”, considera. “Las coloca en la cárcel y parece que desapareciesen pero esto es una gran ilusión: encerrar a las personas tras los grandes muros carcelarios no las excluye de la sociedad, continúan siendo personas con derechos“.
