Santo Domingo.-República Dominicana debe adaptarse a las nuevas formas de trabajo que impone la realidad si el objetivo de la economía es aumentar la productividad, ya que, además, incentivaría el empleo entre jóvenes.
En estos términos se expresó la presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, durante su participación en el Legal Trends 2026 celebrado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), bajo el tema “Avances y desafíos de las reformas para la institucionalidad y el desarrollo”, consolidando este espacio como un referente de análisis y diálogo sobre las principales tendencias en materia institucional y económica del país. El orador principal fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.
Según la dirigente gremial, una de las preguntas más importantes que merece respuesta es por qué es necesaria una reforma laboral en República Dominicana o por qué el sector empresarial puso sobre la mesa la reforma al Código de Trabajo.
Interdependencia
Peña Izquierdo entiende que el crecimiento estructural de la economía no es ajeno al crecimiento de las empresas, además de tener en cuenta la diversidad que hay hoy en día.
Recuerda que, en 1992, por ejemplo, no se trabajaba los domingos, lo cual varió con el tiempo, ya que hoy hay plazas comerciales trabajando los siete días de la semana, así como industrias, minería y el sector hotelero, sectores que son de suma importancia en la generación de empleos en el país. Todo esto, dice, requiere nuevas formas de jornadas laborales para beneficio de las empresas y los empleados.
Considera atinado y acorde con los nuevos tiempos que se flexibilice la jornada laboral, que sea moderna y se adapte pensando en el futuro y en el fomento del empleo juvenil. Con el nuevo Codito de Trabajo, afirma, serán los empleados y las empresas quienes negociarán la jornada laboral flexible que convenga a ambos, que podrían ser 4×3 o 4×4, lo que garantiza que un trabajador que viva lejos de su lugar de trabajo o en otra provincia pueda negociar que trabaje cuatro días corridos y tenga otros tres de descanso de manera continua.
“Estas son jornadas laborales modernas y que se necesitan en nuestro país. Hay empresas que lo están aplicando, pero no tienen el respaldo de la legislación. De cara al futuro, necesitamos que las empresas estén protegidas con un marco legal que las defienda”, explicó la ejecutiva.
Otro de los puntos que entiende importante tratar es lo relacionado con la Ley 87-01 de Seguridad Social, promulgada en 2001. Refirió que con esta legislación las empresas y todos los empleados adquirieron una protección social: salud, pensiones y riesgos laborales.
Sin embargo, destaca, este esquema creó una nueva carga laboral que ya estaba contemplada en el Código de Trabajo de 1992, razón por la cual es necesario que se adapte la legislación laboral para que los costos laborales que se adicionaron se revisen para que las empresas puedan mejorar su competitividad. Explica que la Ley 87-01, en su Artículo 50, se habla de crear un seguro de desempleo que iba a sustituir la cesantía, pero eso nunca se hizo, lo cual, dice, es otra de las razones por las que se necesita que se modernice el Código de Trabajo.
Otro punto que destaca y que debe incluirse en la legislación es el teletrabajo, ya que es una modalidad que llegó para quedarse a partir de la pandemia del covid-19. “Hoy en día podemos asegurar que la mayor parte de los empleos son híbridos, pero no tienen un marco legislativo los ampare”, explicó Peña Izquierdo, quien fue parte de un panel moderado por Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
La empresaria afirma que, partiendo de esta nueva realidad, hay que mirar al futuro, ya que lo único real en la vida es el cambio. Entiende que República Dominicana debe adaptarse a estas nuevas formas de trabajo que ayudan a incrementar la productividad. Además, indica, se incentiva el empleo joven, pues cuando se entrevista esta parte de la población y señala sus expectativas, lo que dicen es que buscan un trabajo que incluya el teletrabajo.
En lo que tiene que ver con impulsar el empleo en las mipymes, la presidente de Copardom explica es de suma importancia que la economía dominicana fomente la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, pues son el 90% del tejido empresarial. “Tenemos que seguir fomentándola”, sostiene.
Refirió que una encuesta realizada por encargo de Copardom determinó que, entre mil empresas, en las que había formales e informales, hubo dos hallazgos principales: los costos laborales y el pago del anticipo del impuesto sobre la renta (ISR).
En este sentido, Peña Izquierdo considera que es urgente lograr una reducción de los costos laborales para que emprendedores se motiven a iniciar sus propias empresas formales. Lo considera necesario porque es necesario seguir impulsando la generación de empleos formales, ya que son los de calidad porque ofrecen protección social.
Entre las propuestas que tiene Copardom para reducir los costos laborales, según su presidente, está la revisión de la cesantía para que tenga un tope de hasta diez salarios mínimos o un máximo de seis años.
Cesantía
Laura Peña Izquierdo refirió que la cesantía es indefinida en el tiempo y se calcula en base a 21 días por cada año de trabajo hasta el quinto año y luego son 23 días. “Una de las propuestas es que fueron hasta seis años. Es una propuesta que hemos comparado con otros países”, indicó.
Señaló que el pasivo laboral hoy día no se reconoce en la legislación dominicana para los gastos, por lo que una de las propuestas es que pueda ser reconocida como gasto, ya que sólo se admite cuando la empresa ejerce el desahucio.
Indicó que otra propuesta es calcular la cesantía en base al salario promedio y no como es ahora cuando es con referencia al último salario de los últimos 12 meses.
En lo que compete al periodo de prueba, indicó que la propuesta es aumentarla de tres a seis meses, con lo cual, dice, se ayudaría a incentivar el empleo entre jóvenes. Además, dijo, los empresarios han propuesto la modificación del Artículo 86 sobre una astreinte que se aplica indefinidamente para que sea sólo a seis meses.
