La denuncia fue interpuesta por varios de los políticos que fueron juzgados y condenados, y más tarde indultados, por el proceso independentista desarrollado en 2017.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un organismo compuesto por expertos independientes, ha dictaminado que se violaron los derechos políticos de los líderes independentistas catalanes que fueron procesados en 2017 al suspenderles de sus cargos antes de que se celebrara un juicio y se hubiera emitido una sentencia.
El procedimiento arrancó por una denuncia presentada por el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y otros exconsejeros del Gobierno regional, que celebró un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamó de manera unilateral la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Tras las instrucción del juicio, fueron condenados en 2019 e indultados con posterioridad en 2021.
El dictamen conocido este miércoles sostiene que la aplicación de la suspensión de los cargos electos recogidos en la legislación española carece, en este caso, de motivos “razonables y objetivos”, tuvo un carácter “arbitrario” y “no se llevó a cabo bajo la garantía del debido proceso y de imparcialidad”.
Así, para el Comité, el Estado español ha violado el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, eligiendo o siendo elegido sin restricciones indebidas–, por lo que da al país 180 días para que comunique cómo reparará a los afectados y para que se adopten medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.
Por el momento las reacciones han llegado del ámbito del independentismo. Para Pere Aragonés, actual presidente de Cataluña, “la represión y vulneración de los derechos fundamentales son líneas que nunca deberían haberse cruzado”. “Hoy, de nuevo, la arbitrariedad de la Justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado”, sostuvo Aragonés en una publicación en su perfil oficial de Twitter.
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha calificado este dictamen de “otra bofetada de Naciones Unidas a la cara del Estado español” y ha afirmado que “los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y deberían de asumir responsabilidades”.
