Entre los nuevos titulares de los Ministerios destacan tres exlegisladores del Congreso disuelto por Martín Vizcarra.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, tomó juramento al nuevo Gabinete Ministerial este jueves, en el marco de la profunda crisis política que vive el país por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La conformación de un nuevo Gabinete, el tercero desde la llegada al poder de Vizcarra en marzo de 2018, se da tras la disolución del Congreso decretada por el Ejecutivo el pasado lunes y la convocatoria a elecciones legislativas el próximo 26 de enero.
El lunes en la noche, el excongresista Vicente Zeballos fue ratificado al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros, tras la renuncia de Salvador del Solar por la disolución del Congreso. Zeballos había adelantado que el nuevo equipo de Gobierno contaría con igual número de mujeres que hombres.
Durante una ceremonia celebrada este jueves en el Salón de la Paz del Palacio de Gobierno, en Lima, Vizcarra tomó juramento a 18 ministros, de los cuales algunos ya ocupaban ese cargo, como Sylvia Cáceres, que repite en el Ministerio del Trabajo y el Empleo; Zulema Tomás, en Salud; Gloria Montenegro, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Carlos Morán, en el Interior; Flor Pablo, en Educación; Rocío Barrios, nuevamente en el Ministerio de Producción; Edgar Vázquez, Comercio Exterior y Turismo; y Edmer Trujillo, en Transportes y Comunicaciones.
En los nuevos nombramientos destacan dos exlegisladores, además de Zevallos, del Congreso recientemente disuelto por Vizcarra:
- Ministerio de Economía y Finanzas: Maria Antonieta Alva, quien se desempeñaba como directora general de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
- Ministerio de Cultura: Francesco Petrozzi: tenor lírico y congresista que militó en el partido de oposición Fuerza Popular (fujimorismo). Al renunciar, se sumó a Bancada Liberal.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: Gustavo Meza, quien fungía como representante de Perú ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
- Ministerio de Energía y Minas: Juan Carlos Liu, exasesor del Ministerio de Economía y del Banco Mundial.
- Ministerio de Agricultura y Riego: José Luis Montenegro, quien era el viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Ana Teresa Revilla, quien se desempeñó como jefa de la Oficina General de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Rodolfo Yañez, quien fue investigador del Instituto de Edificaciones en Japón.
- Ministerio de Ambiente: Fabiola Muñoz, quien se desempeñaba como titular de la cartera de Agricultura y Riego.
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Jorge Meléndez, exlegislador de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), y ministro de Desarrollo durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Una crisis histórica
La nación sudamericana atraviesa una crisis institucional histórica, que tiene enfrentado al Ejecutivo con el Parlamento, donde ninguno de los dos poderes estatales se reconocen entre sí.
Un nuevo máximo se vivió la semana pasada cuando el Congreso nacional decidiera archivar el proyecto de adelanto de elecciones, para 2020, que envió el Ejecutivo.
La propuesta de Vizcarra, enviada hace dos meses planteaba una enmienda constitucional para celebrar comicios generales, incluyendo Presidencia y Congreso, el próximo año, en lugar de 2021, cuando están previstas.
Tras ello, el presidente de Perú anunció que plantearía al Congreso una “cuestión de confianza” para “cambiar las reglas de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC)”.
La cuestión de confianza es un instrumento constitucional con el que cuenta el Poder Ejecutivo de Perú, mediante el cual el Presidente del Consejo de Ministros, a nombre de todo el gabinete ministerial o un ministro particular, pide al Congreso el expreso respaldo a una política.
Vizcarra había adelantado que disolvería el Congreso de su país si este le denegaba la cuestión de confianza.
El 30 de septiembre, el Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros del TC, pero ese día el mandatario peruano resolvió la disolución del Congreso de la República, al considerar denegada la cuestión de confianza que había planteado. Sin embargo, en el mismo momento en que el mandatario se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Salvador del Solar.
Horas después del decreto de Vizcarra, el Congreso aprobó la suspensión temporal del mandatario y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como Jefa de Estado interina.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el Gobierno de Vizcarra había convocado elecciones legislativas el 26 de enero de 2020 “para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”.
En las calles de Lima, manifestantes oficialistas celebraron la disolución del Legislativo y apoyaron a Vizcarra.
Aráoz accedió a asumir la Presidencia de forma interina, aunque tan solo estuvo en el cargo 24 horas porque el martes 1 de octubre anunció su “renuncia irrevocable”.
El 2 de octubre, el Congreso disuelto por Vizcarra convocó a todos sus representantes a participar en una sesión para resolver “la crisis de poderes” en la que se halla inmerso el país andino. Pedro Olaechea, presidente de este órgano legislativo, aseguró entonces que “se mantenía en funciones dentro del marco constitucional” y conservaba su capacidad para invitar a una sesión de la Comisión Permanente.
La reforma constitucional es la piedra angular del cambio político que Vizcarra prometió al llegar al cargo para acabar con la corrupción, que separó de la presidencia a Kuczynski, y que ha salpicado también a los últimos cuatro presidentes y a la líder opositora, Keiko Fujimori, así como al Poder Judicial.
En opinión del dirigente sindical Gustavo Espinoza, el Gobierno peruano busca recuperar su papel político y aumentar su participación en la economía nacional.
