Se ha producido en medio de un incendio, con fuerte presencia policial y con críticas por la falta de alternativas de habitabilidad.
Diversas organizaciones y ciudadanos denuncian el desalojo forzoso del asentamiento chabolista de Walili, en la provincia española de Almería, al sur de España. Alrededor de 450 migrantes, en su mayoría jornaleros del campo, han sido obligados a marcharse este lunes sin que estén claras sus alternativas habitacionales.
El desalojo se ha producido en medio de un fuerte despliegue de la Policía municipal de Níjar, el municipio en el que se ubica el asentamiento, y la Guardia Civil. Además, se denuncia que cuando se comenzó a llevarse a cabo, se produjo un sospechoso incendio que comenzó a arrasar todas las chabolas.
El desalojo, respaldado por una orden judicial, había sido anunciado semanas antes y la fecha prevista era este 30 de enero. Así, durante el fin de semanas numerosos trabajadores habían ido abandonando la colonia. Sin embargo, aún quedaban muchos jornaleros que no tenían ningún sitio adonde dirigirse.
Estas personas fueron trasladas en autobuses a una nave, según ha relatado la plataforma Derecho a Techo, así como otros testigos, que han documentado todo el proceso que comenzó a primera hora de la mañana, bajo temperaturas de alrededor de 5 grados.
Denuncia de falta de alternativa de habitabilidad
Diversas ONG han desplegado fuertes críticas acusando al Ayuntamiento, en manos del Partido Socialista, de no tener una alternativa para los trabajadores migrantes desalojados.
Según Derecho a Techo, la alternativa del Ayuntamiento la constituyen 62 módulos en construcción situados un polígono industrial –el de Los Grillos–, que tendría capacidad para alojar a unas 150 personas por un periodo máximo de dos meses. Sin embargo, no hay solución para el resto de los moradores del poblado chabolista, y tampoco se conoce cuál es la alternativa una vez pasados esos dos meses.
“Hay autobuses para trasladar a los vecinos desalojados del Walili sin alternativa más que la intemperie, con un frío siberiano y lloviendo, y la acción de personal técnico para convencerlo, y han subido para ir a una nave en Los Grillos en Níjar bajo promesas y desesperación”, relataba la plataforma a través de Twitter.
Una de las entidades que denunció esta situación fue la Diócesis de Almería. La institución católica emitió un comunicado el pasado 25 de enero para alertar que el desalojo estaba previsto “sin que el Ayuntamiento de Níjar les haya proporcionado una alternativa habitacional viable”.
La Diócesis criticaba que “las personas que residen en El Walili viven este proceso con incertidumbre, tensión, sospecha y miedos“, y sostiene que durante el proceso no parece que “se les haya considerado como sujetos adultos y protagonistas de su historia”. Además, avisa de que si el desalojo no está asociado a un realojo “digno y razonable”, “se estarían violando derechos fundamentales de las personas“.
“La gente se quedará en la calle. Todos estos no pueden encontrar casa. Ninguno. Luego nos están echando de unas chabolas donde estamos refugiados, sí, estamos refugiados, pero porque ningún español nos quiere alquilar una casa. Provoca decepción”, decía uno de los residentes en esta barriada mientras se tomaba “el último café en Walili”.
Presencia de parlamentarios
Durante el desalojo han estado presentes el diputado regional andaluz de Podemos, José Manuel Gómez Jurado, y el diputado de la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé.
El primero ha explicado que el asentamiento de Walili no es temporal, sino que lleva establecido desde hace alrededor de 15 años y que a pesar de sus pobres condiciones, ha sido la “casa durante muchos años” de estos trabajadores migrantes.
Gómez Jurado también ha relatado que el dispositivo contaba con más de 60/70 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mientras que tan solo había una trabajadora social y una traductora. “Cuestión de prioridades”, ha sentenciado.
Por su parte, Mbayé, que intentó mediar durante el proceso, contó que la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, hizo acto de presencia al concluir el desalojo y prometió dialogar para encontrar soluciones a la problemática.
Los europarlamentarios de Podemos han presentado una pregunta a la Comisión Europea sobre este operativo: “¿Cómo valora la Comisión el desalojo sin alternativa habitacional de El Walili? ¿Cómo piensa la Comisión proteger el derecho a la vivienda de las personas desalojadas?“, recoge el texto.
Un campamento desalojado en llamas
Durante el desalojo se produjo un incendio que obligó a actuar al cuerpo de bomberos, que se había personado junto con la Policía y la Guardia Civil antes de las ocho de la mañana.
Representantes de diversas organizaciones han cuestionado si se trató de un incendio fortuito o de una estrategia por parte del Ayuntamiento para obligar a los migrantes a abandonar sus residencias. Así se lo preguntó Mbayé: “¿Casualidad o estrategia para sacar a las personas?”, se interrogaba en su cuenta de Twitter.
Desde Derecho a Techo, su portavoz, Fernando, ha asegurado que este tipo de medidas no soluciona el problema de la infravivienda de los trabajadores migrantes del campo y que lo único que se ha logrado con esta actuación ha sido engrosar el resto de asentamiento de la provincia de Almería.
El campo de Almería bajo lupa
En la provincia de Almería, la importancia de la agricultura para su economía es esencial. Su modelo de negocio, que le permite ser uno de los grandes exportadores al resto de Europa, se caracteriza por el uso intensivo del suelo. Gigantescas extensiones de plástico pueblan la región, albergando los invernaderos que producen frutas, verduras y hortalizas todo el año.
Ese uso intensivo del suelo provoca que también se necesite de una gran cantidad de mano de obra. La gran mayoría de temporeros son migrantes y, sobre sus precarias condiciones de vida y laborales, se repiten las denuncias reiteradamente.
Solo en Níjar, un municipio con poco más de 30.000 vecinos, se calcula que son más de 4.000 personas trabajadoras del campo que viven en poblados chabolistas: Walili, Casillas de Atochares o Don Domingo son algunos de los alrededor de los 40 existentes que calculan ONG y sindicatos.
En los últimos dos años, se cuentan al menos media docena de incendios en estos emplazamientos, el que tuvo lugar el octubre de 2020 en el de Don Domingo se saldó con 80 viviendas calcinadas y alrededor de 20 heridos.
En estos asentamientos no suele haber agua corriente, ni potable, tampoco electricidad o sanitarios. Además, viven prácticamente aislados de la población autóctona.
Algunos tienen documentos y otros se encuentran en el país en situación irregular, que termina en un círculo vicioso: con lo que ganan como jornaleros agrícolas, menos lo que envían a sus familias en sus países de origen, no tienen suficiente para alquilar una vivienda. Sin domicilio, no se pueden empadronar y así no pueden demostrar la residencia continuada y aspirar a regularizar su situación.
