Este jueves, ambos países tratarán de alcanzar una estrategia común de cooperación contra el tráfico de armas y de drogas, entre otros.
Tras una serie de hechos violentos que en los últimos dos meses han puesto la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano en la mira y mientras la Administración de Donald Trump evalúa considerar como terroristas a los cárteles mexicanos, este jueves ambos países se reunirán para definir el tipo de cooperación bilateral en el tema.
Para ello, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, protagonizará un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero también lo hará con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz; el secretario de seguridad nacional, Alfonso Durazo; y el canciller Marcelo Ebrard.
El acercamiento con las autoridades estadounidenses se dio una semana atrás, en el marco de una propuesta de Trump, impulsada tras la masacre de las familias mormonasLeBarón y Langford, el 4 de noviembre pasado en Bavispe, Sonora, donde murieronnueve personas que contaban con nacionalidad mexicana y estadounidense.
Este hecho provocó incluso que congresistas estadounidenses pidieran intervenir con agentes armados el territorio mexicano, luego de que el presidente Trump ofreciera apoyo militar a López Obrador para erradicar a los cárteles de la droga. Una oferta que fue rechazada por el Gobierno mexicano, aunque se permitió a agentes del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) ingresar al país latinoamericano para coadyuvar en las investigaciones del caso LeBarón.
Un ofrecimiento similar fue esbozado por Trump después de los hechos sin precedentes del 17 de octubre, cuando el Gobierno de México detuvo y luego liberó a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, tras una jornada de balaceras en la ciudad de Culiacán, Sinaloa (norte).
Dos acontecimientos más marcaron esa semana como la más violenta de la que se tuviera registro en la historia reciente de México. El lunes 14 de octubre, 14 elementos de la Policía del estado de Michoacán (occidente) murieron tras ser emboscados. Un día después, un enfrentamiento en el estado Guerrero, entre miembros del Ejército Nacional y hombres armados, dejó un saldo de 15 fallecidos.
‘Ningún tipo de intervención’
Ante el insistente ofrecimiento de ayuda por parte de Trump, su homólogo mexicano le ha dado reiteradamente las gracias, pero ha zanjado que su Gobierno hará justicia sin “ningún tipo de intervención”.
La Administración de López Obrador ha insistido en la corresponsabilidadde EE.UU. en la escalada de violencia que sufre México, debido al tráfico ilegal de armas que ingresan desde territorio estadounidense.
La no intervención y la defensa de la soberanía han resonado más fuertemente en el Gobierno mexicano desde la propuesta de Trump para clasificar como terroristas a los cárteles de la droga. Una designación de este tipo facultaría legalmente a EE.UU., según sus propias leyes, para intervenir de manera directa en territorio mexicano con el fin de erradicar a los cárteles de la droga.
Este 3 de diciembre, desde el pleno del Senado mexicano, el canciller Marcelo Ebrard volvió a dejar en claro el rechazo de la Administración de López Obrador a esa posibilidad.
“Si EE.UU. quiere respaldar a México para la batalla que estamos dando contra la delincuencia, que reduzca el tráfico ilícito de armas. Esa es la mejor manera de ayudar a México, no designando organizaciones criminales como si fuesen terroristas”, dijo el encargado de la política exterior.
A un día de la esperada reunión sobre cooperación bilateral en seguridad, el presidente mexicano insistió en el tema de las armas. En su habitual conferencia de prensa, aseguró que su Administración no permitirá ningún operativo como el llamado ‘Rápido y Furioso‘, en el que agentes estadounidenses otorgaron armas a los cárteles de la droga mexicanos en 2010, pues se trató de una violación flagrante a la soberanía de México.
“Se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del crimen organizado y esas armas se perdieron. Luego se demostró que se usaron para cometer crímenes y fue un rotundo fracaso el plan”, dijo.
Mediante la operación ‘Rápido y furioso’ la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., sin conocimiento del Gobierno mexicano, dio armas a los cárteles de la droga entre 2009 y 2011 para, supuestamente, rastrear el flujo ilícito de armamento.
López Obrador también habló de la reunión entre funcionarios mexicanos con Barr para abordar el tema del tráfico de armas y drogas entre ambos países. “Estamos planteando que del lado estadounidense haya control de salida de armas y de dólares. Estos son los planteamientos. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera y tiene que haber cooperación en temas migratorios, en los temas de drogas, tráfico de armas, numerario y eso es el propósito. Hay disposición de parte de los gobiernos”, puntualizó.
De 2009 a 2019, se estima que han ingresado 2 millones de armas ilegales a México, en su mayoría provenientes de EE.UU., según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con ello, se cree que entran alrededor de 200.000 armas ilegales a territorio mexicano cada año.
