Los deudos insisten en que la Secretaría de Defensa oculta información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Entre el 4 de enero y el 4 de marzo de 2024, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa tendrán acceso a “todos los archivos del caso”, informó este viernes el Gobierno mexicano a través de un comunicado.
“Estamos conscientes de que ustedes han manifestado la exigencia de que el Gobierno entregue información que refieren ‘no se ha entregado’, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”, se lee en una carta adjunta, suscrita por el presidente la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla.
En ese orden, el funcionario refirió que la apertura de archivos fue autorizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador después de haber recibido las reiteradas demandas de acceso a la información formuladas por los deudos.
“Atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyan al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, puntualizó.
En relación con el lapso de dos meses definido para la consulta del material, Medina argumentó que, si bien el mandatario había instruido el acceso sin restricciones a toda la documentación, es igualmente importante que “los procesos no se alarguen por tiempo indefinido”.
Críticas a la versión oficial
En septiembre pasado se cumplieron nueve años de la llamada Noche de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a una manifestación en Ciudad de México.
En ese marco, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Covaj, en el que figuran detalles y se trazan hipótesis de lo que podría haber sucedido entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
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No obstante, los familiares de las víctimas rechazaron la versión, la compararon con la “verdad histórica” presentada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y denunciaron nuevamente que la Secretaría de Defensa oculta información sobre la participación del Ejército, que sería relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Pese a las diferencias, los padres de los normalistas se reunieron con López Obrador, quien, a su vez, comunicó a mediados de octubre pasado que había tomado las riendas de la investigación, insistiendo en que llegará al fondo del asunto.
Luego de este anuncio, la Covaj reveló que en el momento en el que desaparecieron los estudiantes, el Ejército mexicano espiaba a un gran número de personas en la zona de Iguala, con el objetivo de seguir los movimientos de los miembros del cártel Guerreros Unidos, organización presuntamente implicada en el caso.
