El juez Sebastián Casanello le dio 72 horas al Ministerio de Capital Humano para que distribuya las 5.000 toneladas de productos en los comedores sociales.

La Justicia de Argentina intimó este lunes al Gobierno de Javier Milei a repartir unas 5.000 toneladas de alimentos que se encontraban almacenados en un depósito, mientras los comedores sociales denuncian faltantes de mercadería en medio de una creciente demanda.

En su resolución, citada por La Nación, el juez federal Sebastián Casanello le da 72 horas al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para informar la cantidad de productos alimenticios que están guardados en inmuebles de la cartera, en las provincias de Buenos Aires y Tucumán. Los alimentos habían sido adquiridos por la anterior gestión, de Alberto Fernández.  

Casanello exige al ministerio que presente “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

El Gobierno apelará

Desde el Gobierno señalaron que apelarán la decisión, por considerar que la Justicia no debe entrometerse en decisiones del Ejecutivo en materia social. 

“Consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Y agregó que esos alimentos “son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes”. 

Según aseguró Adorni, “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”.

Además, afirmó que la acusación tiene que ver con el enojo de algunos porque el Gobierno terminó con “los intermediarios”, dijo en referencia a los movimientos sociales.  

Dos semanas atrás, el ministerio de Pettovelllo presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en cerca del 50 % de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia.

El presidente de Argentina, Javier Milei

Una encuesta deja al descubierto cuál es el sentir ciudadano en la era Milei

La falta de entrega de alimentos había sido denunciada en febrero por el dirigente social y excandidato a presidente Juan Grabois, un hombre cercano al papa Francisco e impulsor de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

En su presentación, Grabois, de profesión abogado, sostuvo que se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.

Durante la investigación, la Fiscalía requirió información al Ministerio de Capital Humano con relación a “la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”, pero no obtuvo respuesta, según consta en la causa. 

Destinada a mitigar el hambre

Este lunes, Grabois salió a desmentir a Manuel Adorni y a Pablo de la Torre, funcionario del Ministerio de Capital Humano a cargo de Niñez y Familia. 

“La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, señaló el denunciante desde sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que existe un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que también está encarado desde el “abordaje comunitario” para mitigar situaciones de vulnerabilidad. Y sumó como prueba documentos originales de ese acuerdo por medio del cual se adquirieron los alimentos.

“Las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen que suma al incumplimiento de los deberes de funcionario el abandono de personas”, manifestó Grabois. 

Se trata de un tema sensible para el Gobierno, porque se produce en el marco de una profunda recesión, aumento de la pobreza y recortes del gasto público por parte del Estado, mientras crece la cantidad de personas que acuden a comedores comunitarios para poder comer al menos una vez al día. 

Autor

Comparte la Noticia:

Lo que Te has perdido

El Seibo.- El Tribunal Colegiado de El Seibo aplazó para el mes de febrero del próximo año el conocimiento del juicio de fondo que se les sigue a dos jóvenes acusados de secuestrar y posteriormente asesinar al prestamista Leonardo Montero, en un hecho ocurrido en Miches en 2023. Durante la audiencia, que atrajo la atención de familiares y ciudadanos, se mantuvo la tensión mientras los acusados enfrentaban los cargos ante la corte. Los parientes de la víctima, visiblemente afectados por el dolor, acudieron al tribunal portando pancartas en las que exigían justicia por este crimen. El juicio de fondo promete ser un momento crucial para esclarecer los detalles de este trágico suceso. RECOMENDAMOS LEER: Cae abatido “Carnaval”, uno de los presuntos autores de asalto a joyería Argenis Oro Agencia de viajes en RD estafa a iglesia con reserva de hotel no pagada Al menos 700 jóvenes participan en proceso de evaluación para ser aspirantes a rasos de la PN en Barahona Detalles del hecho En el año 2023, varios hombres a bordo de una yipeta secuestraron y posteriormente asesinaron a Francisco Montero Leonardo, conocido como “Papito Préstamos”, un reconocido prestamista del municipio de Miches, en la provincia de El Seibo. La víctima recibió múltiples impactos de bala de manos de sus secuestradores. Los raptores, integrantes de una banda, de acuerdo a la uniformada, sorprendieron armados a Montero Leonardo y a su empleado. Esto, cuando se desmontaban del vehículo para entrar a su residencia. LE PUEDE INTERESAR: Tercera función confirmada: Aventura cierra ciclos con tres fechas en el Estadio Olímpico PN identifica presunto homicida de hombre en comunidad de Barahona Decomisan más de 370,000 unidades de cigarrillos en Santiago De acuerdo con el reporte preliminar, tras resultar herido, Leonardo fue abandonado frente al parador El Oasis, en la carretera El Seibo-Hato Mayor. Posteriormente, los perpetradores resultaron apresados y confesaron el crimen.