Una carta perdida en los archivos de una organización de derechos humanos en México puede cambiar la historia de la llamada ‘guerra sucia’ que ese país padeció durante los años 70, cuando las fuerzas armadas y de seguridad secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a cientos de víctimas.
Se trata de una misiva publicado por el portal ‘A dónde van los desaparecidos’, y que data del 26 de mayo de 2004, cuando un militar desertor la envió a la organización Eureka con la lista de 183 víctimas que habrían sido arrojadas al mar entre abril de 1972 y diciembre de 1974, con el fin de que nunca fueran encontradas.
La carta está acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 ‘viajes’ y un ‘viaje especial’, ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado víctimas al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas.
De manera inédita en la historia de las represiones en América Latina, las víctimas están identificadas con sus nombres. Ahora, sus familiares podrían saber por fin qué les pasó, y quiénes son los responsables.
“Expertos consideran creíble la información y señalan coincidencias con documentos de la época, pero piden cautela hasta verificar su contenido”, advirtió el medio especializado en coberturas de derechos humanos, en un país en el que actualmente hay más de 100.000 personas desaparecidas.
La lista incluye a 174 hombres y nueve mujeres que fueron registrados con sus nombres completos, sus seudónimos como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que los detuvieron.
Mecanismo
“Tengo en mi poder relación de los vuelos efectuados que creo que le servirán de mucha ayuda para que se investigue directamente a (el capitán) Javier Barquin, ya que él fue el autor material de esos crímenes. Como comprenderá no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos documentos con un propio”, señala la carta.
Entre las víctimas figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón, que está registrado en el cuarto viaje con una cruz, una clave en los registros militares que significa que la persona murió cuando era torturada.
También está el músico y cantautor Rosendo Radilla, por cuya desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por los crímenes cometidos por el Estado durante la ‘guerra sucia’.
Gracias a múltiples testimonios, se ha comprobado que desde 1974 hasta 1979, es decir, durante los Gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, el Ejército mexicano utilizó los ‘vuelos de la muerte’ para deshacerse de quienes consideraba sus opositores.
Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban a personas, vivas o muertas, al océano, dentro de costales cargados con piedras, picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, o amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Deuda histórica
La llamada ‘guerra sucia’ es el período comprendido entre 1965 y 1990, durante el cual el Estado mexicano cometió múltiples violaciones a los derechos humanos en contra de opositores, organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y campesinos y grupos guerrilleros.
A través de sus Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), los gobiernos implementaron una política represiva mediante la vigilancia, las detenciones ilegales, los secuestros, las torturas y la desaparición de cientos de opositores políticos y líderes sociales.
En 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas de 1965 a 1990.
Solo dos años después, la Comisión denunció que no había podido llevar a cabo su trabajo debido a las dificultades impuestas por dependencias militares y civiles para conocer los archivos oficiales.
