60 días era el plazo estipulado en la ley para su total aplicación.
Este domingo se cumplieron dos meses desde la entrada en vigor de la ley de amnistía aprobada en España para el ‘procés’ catalán. Se trata del plazo que establecía la norma para su completa aplicación.
En este tiempo, 105 personas han sido beneficiadas por la normativa, de los 419 candidatos que preveía inicialmente Alerta Solidaria; casi la mitad de ellos son 51 policías que estaban procesados por las cargas desproporcionadas del 1 de octubre de 2017, fecha en que se celebró el referéndum de autodeterminación ilegal, según recoge Catalunya Press.
Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont se encuentra excluido del paraguas de la amnistía, después del inesperado giro de la semana pasada, cuando reapareció en suelo español, en Barcelona, con el objetivo de dar un breve mitin ante sus simpatizantes.
El político estuvo siete años en el extranjero para eludir la acción de la justicia española, pero tras la breve comparecencia pública en Barcelona, desapareció inmediatamente después.
Puigdemont se exponía a ser detenido porque sobre él pesa todavía una orden de detención nacional, emitida por el Tribunal Supremo. El operativo preparado no logró su arresto y, de manera desconcertante, el político salió del radar de las fuerzas del orden y el viernes comunicó que ya se encontraba de nuevo en Bélgica.
El escollo de la malversación
Por el momento, la ley no ha conseguido alcanzar uno de sus principales propósitos: la exoneración de Puigdemont, con las miras puestas a lograr la total normalización política de Cataluña después del cisma que representó el ‘procés’ en su punto más álgido.
El Tribunal Supremo, la máxima instancia jurisdiccional del país, hace semanas que anunció que no aplicaría la amnistía a los políticos que autorizaron la utilización de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal, lo que afecta a varios políticos, entre los que se encuentra Puigdemont.
El Supremo defiende que no se puede amnistiar la malversación, bajo la tesis de que los dirigentes se ahorraron dinero al abonar los gastos relacionados con el referéndum con dinero público, en vez de pagarlo ellos mismos, lo que bajo su criterio constituye enriquecimiento personal.
Carles Puigdemont regresa a España tras siete años en el exilio
Esta interpretación parece ir claramente en contra de la redacción de la ley, que dice: “La presente norma especifica que solo los actos de malversación dirigidos a los fines mencionados en la ley [la promoción y celebración del referéndum y actos relacionados] pueden acogerse a ella, excluyendo expresamente aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial”.
De hecho, el alto Tribunal ni siquiera tiene en cuenta que en la sentencia del ‘procés’, que ese mismo órgano dictó para condenar a doce políticos y líderes sociales, no se mencionara en ningún momento el enriquecimiento personal de aquellos que fueron condenados por malversación.
Sin embargo, en la judicatura el criterio no es unánime. Así, el mes pasado, una jueza de Barcelona amnistió y archivó una causa por malversación del ‘procés’.
105 amnistiados
En estos dos meses, la amnistía se ha aplicado a 105 personas. 51 son agentes de Policía procesados por las cargas del 1 de octubre. Tan solo podrían quedar fuera de la norma las acciones más graves, como el disparo con una bala de goma que reventó el ojo de un participante en el referéndum. La Audiencia de Barcelona todavía tiene que decidirse al respecto.
Aparte de los efectivos policiales, distintas personas vinculadas al independentismo se han visto beneficiadas durante estos dos meses por la nueva legislación.
Entre ellos se encuentra la exalcaldesa de Figueres, como recogió la prensa catalana, o un secretario municipal condenado por falsificar una sanción a una protesta contraria a los presos del ‘procés’, así como la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, que regresó a España tras seis años en el extranjero.
