Durante los acontecimientos de la noche del 15 de julio de 2016 murieron más de 300 personas y casi 2.200 resultaron heridas.
Un tribunal de Ankara sentenció a 121 personas a cadena perpetua agravada por su participación en el intento de golpe de Estado en 2016. Los condenados fueron penados por “intentar violar la Constitución”.
De ellos, 86 individuos fueron señalados de pertenecer a la Organización de Terror Gulenista (FETÖ, por sus siglas en turco), mientras que otros 35 estarían asociados con esa entidad, detalla TRT World. La sentencia se debe a sus acciones en el Comando General de la Gendarmería en la capital turca.
En virtud del mismo fallo, el excoronel Erkan Oktem, quien hirió al entonces jefe del departamento de la lucha antiterrorista Turgut Aslan, fue condenado a nueve cadenas perpetuas agravadas y 20 años más por homicidio en primer grado e intento de asesinato.
En Turquía, la cadena perpetua agravada prevé condiciones de detención más duras y se introdujo para sustituir la pena de muerte, abolida en el país en 2004.
El fallido golpe de Estado
La sublevación de militres turcos ocurrida en la noche del 15 de julio de 2016 dejó más de 300 muertos, incluyendo a soldados progolpistas, y casi 2.200 heridos, además de provocar una purga masiva del Gobierno contra civiles y militares, decenas de miles de arrestos y más de 100.000 despidos entre funcionarios del sector público.
Los golpistas impusieron la ley marcial en todo el país, tras desplegar tanques en las autopistas de acceso a Estambul y Ankara, apoyados por blindados, cazas y helicópteros del Ejército, y tomaron bajo su control la televisión pública, el aeropuerto internacional Ataturk e infraestructuras básicas como los puentes sobre el Bósforo y el palacio presidencial.
Tras horas de confusión, en las que se registraron tiroteos y varias explosiones, los servicios de inteligencia turcos dieron por fracasado el golpe. El Gobierno turco responsabilizó de la organización del fallido golpe de Estado al clérigo Fetulá Gulen, considerado como el “cerebro” de la operación.
Desde años antes se le acusaba de ser el máximo responsable de una “estructura paralela” dentro de las propias instituciones estatales, con influencia en los tribunales, la Policía y otros organismos.
