La Cancillería emitió notas a Naciones Unidas cuestionando una modificación del reglamento de la Asamblea Legislativa.
La Cancillería de facto de Bolivia envió este jueves una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar supuestas “acciones ilegales y arbitrarias” por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, que, según el Ejecutivo impuesto tras el golpe de Estado a Evo Morales, ponen en riesgo la “institucionalidad democrática” antes de la asunción del presidente electo, Luis Arce.
En una nota firmada por la ministra de Relaciones Exteriores de facto, Karen Longaric, se cuestiona la reciente modificación del reglamento del Congreso, que exigía el voto de una mayoría de dos tercios del Senado para la aprobación de 11 tipos de resoluciones, entre las cuales se encuentra la ratificación de ascensos militares y policiales.
Para la Administración de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó el año pasado como presidenta interina sin el aval del Congreso, la modificación del reglamento que hizo el MAS en su última sesión, antes de la asunción de los nuevos legisladores, busca mantener la hegemonía legislativa de ese grupo político.
“Lo que debió ser una transición democrática y pacífica, se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias”, señala el texto. Y asegura que el partido que lidera Morales “cambió las reglas de juego para hacerlas a su medida”.
Por otra parte, el Gobierno de facto rechazó una recomendación del Parlamento, emitida el pasado 26 de octubre, para iniciar juicios que investiguen la responsabilidad de funcionarios de Áñez, jefes militares y policiales, en las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas tras el golpe institucional.
Asimismo, Longaric cuestionó la decisión de la Justicia de dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra Morales, por los presuntos delitos de sedición y terrorismo.
La funcionaria solicitó a la ONU el envío de observadores internacionales para el proceso de transición, que se desarrollará el próximo 8 de noviembre.
Juicio de responsabilidades
La decisión del Gobierno de facto de acudir ante la ONU coincidió con la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de un informe final sobre las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní.
En este contexto, el Parlamento recomendó abrir un juicio de responsabilidades contra Áñez por incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato y lesiones graves.
Además, la Asamblea boliviana pidió iniciar procesos penales contra 11 ministros y exministros de facto por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivaron en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos durante la represión policial y militar tras las elecciones generales del 2019.
