El Papa ha adelgazado la estructura del personal que tendrá competencias para decidir sobre futuras inversiones y compras en el Vaticano para evitar así maniobras de intermediarios financieros que puedan dar lugar a más escándalos como la compra opaca de un lujoso edificio en Londres, que habría provocado un agujero en las cuentas del Vaticano de entre 73 y 166 millones de euros.
El pontífice ha aprobado un Motu Proprio que otorga categoría legal a sus órdenes de eliminar los fondos propios de la Secretaria de Estado del Vaticano que, a partir del 4 de febrero, pasarán a ser gestionados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (A.P.S.A.) y reducir el número de personas con capacidad de decisión en los asuntos financieros.
Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, “la decisión llega antes del 1 enero para que se implemente en los presupuestos del 2021”. “Esta nueva ley va a reducir el número de responsables económicos y a concentrar la administración, la gestión y las decisiones económicas y financieras en los Dicasterios que responden a este objetivo”, ha explicado en un comunicado de prensa el Vaticano.
Se trata de un nuevo paso en la reforma económica emprendida por Benedicto XVI con la creación del AIF (Autoridad Información Financiera) para vigilar las operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del Vaticano. Francisco está completando así un proceso de unificación de las compras e inversiones del Vaticano en un solo ente para mejorar la organización de la Curia Romana.
El Motu Proprio también establece un “mayor control” y “mayor visibilidad” –según el Vaticano– del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge las donaciones de los fieles para las obras de caridad del Papa. “Además de refuerzan controles específicos en algunos entes relacionados con la Santa Sede que gestionan cuentas y fondos provenientes de donaciones”, se lee en el comunicado.
Los fondos de la Secretaria de Estado han protagonizado en el pasado ciertas polémicas que han puesto en duda su vigilancia y transparencia, como el caso que acabó con la dimisión forzada del exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Según los medios locales, Becciu, que también fue obligado a renunciar de sus derechos inherentes al cardenalato, está siendo investigado por el Tribunal de la Santa Sede por haber supuestamente malversado parte de estas reservas económicas de la Secretaria de Estado entre 2011 y 2018, cuando era sustituto y podía gestionar su cartera sin rendir cuentas a nadie.
Para hacer frente a estos escándalos financieros, el Papa también aprobó una nueva ley de transparencia para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.
La nueva normativa hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 e impide así la participación en los concursos públicos del Vaticano a las empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos y también a las que no respeten el medio ambiente.
