Exigir este tipo de salvoconducto para acceder a bienes, servicios o actividades infringiría la libertad individual e invadiría la privacidad de las personas, opina Ron DeSantis.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes una orden ejecutiva que prohíbe los pasaportes de vacunación contra el covid-19 en este estado de EE.UU., porque —argumenta— su aplicación “crearía dos clases de ciudadanos”.
La orden señala que las vacunas contra el coronavirus no son requeridas por ley, y recuerda que los registros de inoculación individuales son información de salud privada. Además, sostiene que exigir pasaportes de vacunas para acceder a bienes, servicios o actividades infringiría la libertad individual e invadiría la privacidad de los ciudadanos.
“Requerir los llamados pasaportes de vacunación contra el covid-19 para participar en la vida cotidiana —como asistir a un evento deportivo, ir a un restaurante o a un cine— crearía dos clases de ciudadanos sobre la base de la vacunación”, advierte el gobernador, que defiende la orden porque protege “los derechos fundamentales y la privacidad de los floridanos y el libre flujo del comercio”.
¿Medida inteligente u “homicidio negligente”?
La orden establece que ninguna entidad gubernamental de Florida podrá emitir pasaportes de vacunas u otros documentos estandarizados con el objetivo de certificar la vacunación contra el coronavirus de una persona ante un tercero, y que ninguna entidad comercial podrá exigir que los clientes proporcionen este tipo de documentación. Las empresas que no cumplan con la orden no serían elegibles para subvenciones estatales o contratos financiados por el Estado.
La medida del gobernador se ha ganado elogios entre los conservadores. La congresista Marjorie Taylor Greene ha pedido a otros estados liderados por republicanos que sigan su ejemplo, mientras que varios usuarios conservadores de Twitter apoyaron la candidatura de DeSantis para las próximas presidenciales de 2024. Por otro lado, algunos izquierdistas sugirieron que las iniciativas del gobernante son equivalentes “a un homicidio negligente”.
