La Conferencia Episcopal de Polonia informó en mayo que no otorgaría acceso a los documentos a la comisión de investigación de casos de pedofilia, ya que suscitaría “serias preocupaciones en términos de las leyes estatales y eclesiásticas”.
La Comisión Estatal para Casos de Pedofilia de Polonia envió una carta oficial a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, solicitando datos sobre abusos y el número de acciones disciplinarias iniciadas en relación con los miembros del clero polaco entre 2002 y 2020, ya que la Iglesia del país no ha proporcionado la información solicitada.
La comisión fue establecida en 2019, y respaldada por el Parlamento en 2020, con la tarea de revisar los informes y casos de abuso de menores de 15 años, garantizar el castigo de los perpetradores y elaborar medidas preventivas y educativas.
Blazej Kmieciak, jefe de la comisión, mencionó que a principios de este año se solicitó a todas las diócesis polacas y a los obispos ordinarios que entregasen documentos sobre las investigaciones canónicas judiciales finalizadas, así como las canónicas administrativas. Sin embargo, solo un tribunal de obispos puso sus archivos a disposición de la comisión estatal.
“El 30 por ciento de los casos de abuso de personas menores de 15 años iniciados por la comisión estatal se relacionan con miembros del clero“, mencionó Kmieciak en una conferencia.
Además, sostuvo que algunas de las acciones tomadas por los jerarcas en este asunto no solo han insuficientes, sino también “directamente incorrectas, erróneas y generaron daño y sufrimiento a los sobrevivientes“.
El director de la comisión recordó que en 2019 el Papa Francisco eliminó el llamado secreto pontificio y que el decreto menciona que “las oficinas e instituciones estatales tienen pleno derecho a recibir este tipo de información y que no debe haber obstáculos para revelar este tipo de datos”.
Por su parte la Conferencia Episcopal de Polonia, en mayo, informó que no otorgaría acceso a la comisión a los documentos, ya que suscitaría “serias preocupaciones en términos de las leyes estatales y eclesiásticas” y que era necesario aclarar “si la remoción del secreto pontificio se aplica también a casos anteriores a la decisión del Papa, y especificar el alcance del secreto oficial vinculante”.
