Diego Molano descarta que el Estado colombiano haya estado incurso en la práctica de ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008.
Dos días después de que un grupo de militares retirados asumiera en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que asesinaron a personas inocentes por presión de sus superiores, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, descartó la participación del Estado en estos crímenes y se refirió a “responsabilidades individuales”.
Al terminar un Consejo de Seguridad en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, previo a las movilizaciones del jueves, una periodista le preguntó a Molano su opinión sobre la responsabilidad de los exuniformados que admitieron haber cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo, durante una audiencia en Ocaña, en el departamento del Norte de Santander.
Molano defendió a las instituciones de seguridad del Estado y sostuvo que la Fuerza Pública y el Ejército Nacional “siempre han tenido una historia de respeto a la Constitución, a la Ley, a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
Aseguró que “cuando han sucedido actos contrarios a la Ley deben ser asumidas las responsabilidades” y agregó que “unos individuos que pertenecieron al Ejército Nacional mancharon el honor del uniforme“, con referencia a los militares retirados que han confesado ante los familiares de las víctimas su participación en estos hechos que han sido catalogados por la JEP como “crímenes de guerra y de lesa humanidad“.
El titular de Defensa dijo que estos exfuncionarios, que han sido parte del proceso de justicia transicional, surgido tras la firma del Acuerdo de Paz, “asumirán sus responsabilidades individuales”.
La gestión de Molano ha vuelto nuevamente al banquillo luego de que la Cámara de Representantes iniciara una serie de debates de moción de censura, que aún no culminan, por presuntas irregularidades durante un operativo militar en el departamento del Putumayo que dejó 11 civiles muertos y que, según el Gobierno, eran parte o tenían nexos con grupos criminales.
El titular de Defensa, que se libró de dos mociones de censura en 2021 por la represión de las protestas antigubernamentales del año pasado, descartó cualquier ejecución extrajudicial por parte de los funcionarios adscritos a su ministerio y aseveró que durante la gestión de Iván Duque se han “profundizado las medidas para que no haya ningún soldado ni policía que no haya recibido capacitación y formación en derechos humanos”.
