Está previsto que este viernes comparezca ante una corte de West Palm Beach, Florida.
España extraditó a EE.UU. a la exfuncionaria venezolana Claudia Díaz Guillén, reclamada en el país norteamericano por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
La extradición se llevó a cabo después de que en noviembre pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificara su traslado.
Está previsto que este viernes la exfuncionaria venezolana comparezca ante una corte de West Palm Beach, Florida, que daría inicio a su procesamiento judicial en EE.UU., reseñó El Nuevo Herald, que cita a funcionarios judiciales familiarizados con el tema.
Díaz Guillén fue reclamada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal para favorecer al empresario Raúl Gorrín, y al exmilitar y extesorero venezolano Alejandro Andrade.
Estos delitos se habrían cometido en una presunta trama de corrupción que ejecutada a partir de ganancias fraudulentas a través del cambio de divisas extranjeras y la comisión de sobornos, que le habrían reportado beneficios millonarios a ella y a su esposo, Adrián Velásquez, un antiguo miembro de la guardia de honor presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez.
Díaz Guillén, militar retirada de de 48 años, fue jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, y secretaria ejecutiva del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden) en el mismo período.
Previamente, durante su servicio militar se graduó paralelamente en Enfermería y Derecho, y en 2001 entró al equipo de la seguridad presidencial venezolana. Se incorporó luego como enfermera en el equipo médico del presidente Chávez, ocupando el cargo de 2003 a 2011.
Prófuga de la justicia venezolana
Además de este proceso en España y EE.UU., Díaz Guillén se encuentra prófuga de la justicia de Venezuela, donde es solicitada por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación.
Díaz Guillén y Velásquez aparecieron vinculados al escándalo de corrupción de los Panamá Papers. Tras la apertura de la investigación, la Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de captura con alerta roja de Interpol contra ellos.
La pareja fue capturada en España en 2018 y ese mismo año la justicia española aprobó la de extradición ambos a Venezuela. No obstante, en 2019, la Audiencia Nacional revirtió la decisión y dijo que los exfuncionarios no serían extraditados a su país de origen porque consideraban que su integridad estaba en peligro.
