La empresa estadounidense y el gobierno local buscan posicionar la urbe como capital del turismo creativo y convertirla en un centro para trabajadores remotos en América Latina.
Airbnb ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México y con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para posicionar la urbe como capital del turismo creativo y convertirla en un centro para trabajadores remotos en América Latina, según un comunicado publicado este martes por la compañía estadounidense de alquiler temporal.
Sin embargo, la decisión ha provocado indignación en parte de la población. Más de 50 organizaciones, unos 830 activistas y residentes firmaron un documento, que se publicó este viernes, dirigido a la ciudadanía y a las autoridades de la capital mexicana para expresar su rechazo a la iniciativa.
“Duro golpe”
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El texto indica que se trata de una política pública que apoya “un modelo de negocio que ha causado estragos en otras ciudades del mundo”, detallando que supone un “duro golpe” contra aquellas personas que han luchado por legislaciones que contemplen la vivienda como un derecho humano, y no como una “mera mercancía”.
Asimismo, asegura que Airbnb es uno de los actores que más agudiza el problema de la vivienda en Ciudad de México, que afecta a distintos sectores de la sociedad, entre ellos los jóvenes sin derechos laborales “que no son sujetos de crédito”, las poblaciones indígenas y la gente de la tercera edad.
“La oferta de Airbnb está dominada por actores que acumulan hasta cientos de espacios de vivienda”, continúa. “Sin una regulación clara que ponga un límite a Airbnb y plataformas similares, la especulación financiera terminará devorando los ya de por sí pocos espacios asequibles para rentar”, añade.
¿Qué exigen?
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En este sentido, los firmantes sostienen que esta práctica supone un uso de recursos públicos para generar plusvalía privada de la que se beneficia principalmente un reducido grupo inmobiliario, sin que las comunidades reciban ganancia alguna.
“Afecta el derecho efectivo a la vivienda y a la ciudad en su conjunto para el resto de la población, incluido el comercio local y familiar”, denuncian, tras asegurar que está comprobado que estas políticas impulsan procesos de segregación.
Por todo ello, los activistas exigen, entre otras cosas, que el Gobierno de Ciudad de México suspenda la colaboración con Airbnb hasta que no disponga de un diagnóstico público y medidas de prevención y mitigación de su impacto en el acceso a la vivienda, así como una regulación clara sobre el pago de impuestos por parte de la empresa con sede en California.
