Según un informe de Amnistía Internacional, dos tercios de las zonas de la Amazonía deforestadas entre 1988 y 2014 han sido convertidas en pastos, lo que equivale a cinco veces el tamaño de Portugal.
Amnistia Internacional (AI) denunció este martes que algunas autoridades estatales brasileñas permiten en la Amazonía la ganadería ilegal, que alimenta la deforestación y es el principal motor de saqueo de las tierras protegidas de los pueblos indígenas.
En su informe, ‘Cercar y traer ganado: Ganadería ilegal en el Amazonas de Brasil’, la organización no gubernamental advierte que “mientras el Gobierno de Jair Bolsonaro recorta drásticamente la financiación a las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales permiten la ganadería ilegal, que destruye zonas protegidas de la selva amazónica”.
“La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no solo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta“, explicó Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de AI.
La publicación del documento se realiza el mismo día en que varios líderes indígenas entregarán en Brasilia a las autoridades una petición con 162.000 firmas para exigir la protección de la Amazonía y de sus pueblos tradicionales.
Cinco veces Portugal
Entre 1988 y 2014, indica el informe, casi dos tercios de las zonas deforestadas se vallaron, quemaron y convirtieron en pastos. Esto equivale, prácticamente, a 500.000 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser cinco veces el tamaño de Portugal.
AI comprobó el aumento de estos saqueos de tierras a través de imágenes satelitales, datos oficiales y la visita a cinco zonas protegidas: los territorios indígenas de los karipuna y uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Ouro Preto y Rio Jacy-Paraná, en el estado de Rondônia, y el territorio indígena de los manoki, en Mato Grosso.
Observó que los ganaderos y los ‘grileiros’ –particulares que toman ilegalmente las tierras– siguen un mismo patrón para convertir la selva en pastos: identifican la zona, talan los árboles y prenden fuego para plantar hierba e introducir al ganado. La apertura de carreteras, campamentos, vallados y quemas de grandes zonas también indican el intento de saquear las tierras.
Por medio de datos de sensor remoto sobre quemas e imágenes por satélite, la organización detectó que en muchos casos se captaban tierras ardiendo junto a zonas con ganado deambulando libremente.
Amenazas e intimidación
En cuatro de las cinco zonas protegidas visitadas, los habitantes relataron cómo las invasiones se producen a menudo con violencia, amenazas e intimidación. “En el quinto emplazamiento, en la reserva de Rio Jacy-Paraná, prácticamente todos los habitantes originales han sido desalojados del lugar y tienen miedo de regresar porque en sus tierras ahora viven invasores armados dedicados a la cría de ganado“, destaca el informe.
No solo los nativos han sido víctimas de violencia e intimidación, según la organización, las agencias gubernamentales, que tienen como misión proteger las reservas, han sido atacadas y amenazadas.
“Estábamos rodeados por invasores. Treinta y dos hombres, la mayoría encapuchados, llegaron a pie por detrás de nosotros, con botellas de gasolina (…) Hubo muchos gritos y amenazas, nos llamaban ‘matones'”, relató un agente ambiental a AI sobre uno de los episodios vividos cerca del territorio uru-eu-wau-wau.
Por último, AI recuerda que las leyes estatales obligan a las agencias de control de salud animal a visitar e incluir en registros las explotaciones yhacer un seguimiento de los movimientos de ganado. Sin embargo, en estados como el de Rondônia, la organización recibió datos incompletos, mientras que en Mato Grosso no les facilitaron ninguno.
“La opinión pública tiene derecho a saber sobre las explotaciones ganaderas en zonas protegidas. Al fin y al cabo, se trata de una actividad delictiva. Las autoridades brasileñas deben difundir públicamente esta información y tomar medidas significativas para poner fin a la explotación ganadera ilegal”, criticó Pearshouse.
