Los colectivos feministas de Argentina hoy están de aniversario. Hace dos años, el Congreso aprobó el aborto legal, seguro y gratuito, un derecho por el que habían luchado durante décadas y que sigue siendo una materia pendiente en gran parte de América Latina.
Desde esa histórica jornada, se han llevado a cabo 132.754 interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud. Significa que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las mujeres y personas gestantes (trans y no binarias, entre otras) que se acogieron a esta práctica ya no fueron criminalizadas ni sometidas a intervenciones clandestinas que pusieran en riesgo su vida.
Según los datos proporcionados por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en este lapso también se capacitó a más de dos mil profesionales y ya hay 1.443 centros sanitarios que garantizan el acceso al aborto.
“Detrás de los números hay personas que accedieron a un derecho, y hay personas que trabajaron para que se pueda acceder a esos derechos”, afirmó la funcionaria durante el evento oficial con el que el Gobierno conmemoró esta fecha y en el que destacó que la línea telefónica de salud sexual recibió 13.752 consultas sobre la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Pero los problemas persisten. Vizzotti reconoció que desde el Ministerio de Salud tuvieron que intervenir en 187 casos que se registraron en las provincias en donde todavía se imponen barreras para acceder al aborto.
De manera sorpresiva, al acto de aniversario llegó el presidente Alberto Fernández, quien en diciembre de 2020 era el único mandatario de América Latina que apoyaba la legalización del aborto. Hoy, también está el chileno Gabriel Boric.
“Esta ley es un logro colectivo, resultado de un cambio de cultura, de una lucha enorme que las mujeres llevaron durante años, y que un día un Gobierno y un Congreso estuvieron dispuestos a reconocer”, dijo Fernández al calificar la legalización como “un triunfo colectivo contra la hipocresía”.
Pendientes
Las redes sociales se colmaron de recuerdos sobre la larga lucha que llevaron a cabo los colectivos feministas para alcanzar este derecho y que culminaron la madrugada del 30 de diciembre, cuando el Senado aprobó la legalización del aborto con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
A partir de ese momento, en este país se pueden interrumpir de manera voluntaria los embarazos hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años sin mayor requisito que la voluntad de la mujer o la persona gestante.
Pero la lucha continúa. Así lo hizo saber la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en un comunicado en el que explicó los desafíos pendientes.
“La Ley cumple dos años, y si bien se encuentra vigente en todo nuestro país, y en algunos territorios se avanza en la apertura de equipos de salud que garantizan abortos, las desigualdades en el acceso marcan brechas enormes según la provincia, localidad o pueblo donde las personas vivan”, señaló.
También precisó que, de acuerdo con los informes presentados por 25 regionales y redes de la Campaña, hay demoras injustificadas frente a las solicitudes de interrupciones; violencia institucional y obstétrica en la atención, muchas veces atravesada por la discriminación, la estigmatización y el racismo; faltan insumos e información; y se incumple la ley tanto en servicios médicos públicos como privados.
Además, en algunas provincias todavía se persigue judicialmente a quienes garantizan y acompañan el derecho a abortar, y niñas y adolescentes son obligadas a gestar y a parir, lo que constituyen una violación a sus derechos humanos.
“El primer y más evidente obstáculo es el desconocimiento de la población de la Ley, dado que no hubo campañas masivas de difusión de amplio alcance y sostenidas en el tiempo. Es muy difícil reclamar un derecho que no se termina de difundir como tal, ya que la sola aprobación de la ley no revierte la estigmatización del aborto construida durante siglos”, advirtió.
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Por ello, convocó a movilizarse para que cese la criminalización y persecución de las personas que garantizan y acompañan abortos; se hagan campañas de difusión sobre la ley; se garantice su implementación en todo el país; cese la violencia institucional y obstétrica; se erradique el legrado sin anestesia; se provean anticonceptivos en todos los niveles de atención de salud y se deje de obstaculizar el acceso a este derecho.
Otras demandas se refieren a la plena implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, con la incorporación de los contenidos sobre aborto como derecho.
