Publicación del gremio empresarial analiza el impacto económico del sector energético en el gasto público.
Santo Domingo.-El impacto de las “deficiencias” en el sector energético en República Dominicana es más que un apagón de fin de semana, ya sea accidental o programado. Las cifras y estadísticas señalan que, entre las pérdidas y subsidios, el suministro de energía a nivel nacional ha tenido un impacto severo en el desarrollo del país y en la calidad del gasto público. Así lo estiman desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) en una reciente publicación en conjunto con la Comisión de Economía y Energía del gremio.
Conforme a los datos del Ministerio de Energía y Minas, desde el 2010 hasta el 2023, las pérdidas de las empresas distribuidoras de energía registraron variaciones que desde la ANJE califican de significativas. En promedio, estas pérdidas se sitúan en un 34.6%, alcanzando su punto más alto el año pasado con un 36.0%, para un incremento de 3.6 puntos porcentuales, lo cual representa un 11.0%. En el 2019 se proyectó la menor cantidad de pérdidas con un 27.0%.
Como resultado, las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) bajo la administración del Estado (Edenorte, Edesur y Edeeste) han visto aumentar sus pérdidas técnicas y operativas en los últimos dos años, con niveles que en 2022 fueron los mayores y más costosos de la última década, alcanzando el 39.2%, su mayor nivel desde 2012.
Esas pérdidas debieron ser cubiertas por el Estado con un subsidio de US$1,500 millones el año pasado, el mayor monto aportado para cubrir déficit eléctrico en la historia de ese sector en el país.
De acuerdo con un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales (Crees), ese indicador es el resultado de pérdidas operativas por 32.4%, correspondiente a la proporción de energía comprada por las EDE y colocada en redes sin facturarla a los usuarios, lo que indica que es una pérdida irrecuperable.
A ese nivel se suma un 6.8% de pérdidas que es la proporción de la energía que es facturada, pero no llega a ser cobrada. Ese indicador muestra una mayor deficiencia en Edenorte, Edesur y Edeeste, debido a que, en 2019, antes de la pandemia, era apenas 3.5%.
“La problemática financiera producto de estas pérdidas ha ocasionado que el presupuesto del Estado dominicano, que pudiera destinarse a la inversión pública, se utilice para cubrir las pérdidas ocasionadas por los factores previamente mencionados. Ello ha tenido un impacto severo en el desarrollo del país y en la calidad del gasto público”, indican desde ANJE.
Asimismo, señalan que la operatividad del sector eléctrico dominicano ha representado obstáculos para el desarrollo económico y sostenible del país. “Al intentar revelar la raíz principal de la problemática, nos encontramos con desafíos en la producción, subsidios ineficaces y, sobre todo, una pérdida masiva de energía en las redes de distribución”, cita la publicación. Todo esto resulta en un creciente déficit financiero que compromete de manera significativa el presupuesto del Estado dominicano y su nivel de endeudamiento, agregan.
Debido a las pérdidas significativas que experimenta el sector eléctrico nacional, el Estado dominicano se ha visto obligado a asumir los compromisos financieros. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Presupuesto (Digepres), el subsidio al sector eléctrico absorbió cerca de 1.59% del PIB en 2022.
Para el 2023, se estimó́ que el presupuesto destinado para subsidios del sector eléctrico oscilaría alrededor de 1.3% del PIB. “Esto evidencia la necesidad de intervenir y reformar el sector eléctrico para combatir las pérdidas que tanto comprometen a la gestión presupuestaria Estado dominicano”, indican.
Razones
La Ley de Presupuesto atribuye lo anterior al apoyo a las operaciones del sector eléctrico, que ha sido afectado, principalmente, por el congelamiento tarifario y el aumento significativo en el costo de adquisición de energía, derivado de la elevada cotización internacional del carbón mineral, el gas natural y otros combustibles utilizados en la generación de energía.
Dicha publicación indica que se espera que persistan las presiones presupuestarias relacionadas con la lucha contra el aumento de precios y el apoyo al sector eléctrico. “De este modo, se estima que esta demanda adicional de recursos puede implicar un aumento del déficit en alrededor de 0.3 puntos porcentuales del PIB con respecto a lo presupuestado”, cita la información, que continúa señalando que se prevé un crecimiento de los gastos del Gobierno, lo cuales ascenderán a RD$1,308,634.3 millones para el cierre del 2023, “reflejando las presiones sobre el erario para principio de 2024”.
El futuro no luce más prometedor desde el Gobierno, que también sostiene que, ante la imposibilidad de ajustar la tarifa eléctrica y traspasar a los consumidores parte de los aumentos en su estructura de costos, las empresas distribuidoras se encuentran expuestas a un ensanchamiento de su déficit.
“Este escenario consecuentemente aumenta la exposición de las cuentas fiscales a presiones presupuestarias considerando el rol que juega el gobierno en financiar las operaciones del sector”, detallan en el presupuesto general del estado 2024.
A esto, desde la ANJE agregan que, dados los datos sobre la proveniencia del déficit del sector eléctrico, “podemos inferir que una gran parte de las pérdidas de electricidad provienen de los circuitos informales, los cuales no cuentan con la debida identificación de los clientes, presentan defectuosas mediciones, normalizaciones del consumo no autorizado, impunidad, fraude eléctrico y ausencia de control fiscal”.
El presupuesto general de estado 2024 también indica que la mayor fuente de riesgos fiscales de las empresas públicas se debe al riesgo de transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas que operan en los sectores de distribución de electricidad.
Durante los últimos tres años, se han registrado desvíos presupuestarios que se atribuyen, entre otros factores, a mayores gastos de operación para las EDE por el incremento en el costo de adquisición de la energía.
Al cierre de 2021, se presentó un presupuesto inicial de RD$74,560 millones, en el cual el 68.4% de la participación correspondía a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Este presupuesto inicial experimentó modificaciones, aumentando en un 34.4% del total, pasando a RD$100,192. millones.
Además, en 2022 se observó un incremento del presupuesto inicial en un 3% con respecto al periodo anterior. Sin embargo, al finalizar el periodo, este experimentó un aumento del 88%, llegando a RD$144,196 millones, distribuyéndose en un 70% en la CDEEE.
En 2022, las EDES recibieron RD$9,544 millones (principalmente en la ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica) mientras que, por concepto de subsidio eléctrico, se destinaron RD$ 87,944.3 millones, lo que representó un 88% del total de subsidios otorgados a las empresas públicas y un 1.4% del PIB.
Otra realidad que planea la publicación es que las empresas de distribución de energía enfrentan el mayor riesgo entre las empresas públicas debido a que en el país se cuenta con un esquema de tarifas subsidiado que no refleja los costos reales de distribución de energía. “Como resultado de este esquema, las empresas de distribución eléctrica a menudo registran déficits operacionales”, añaden.
Producto de esta situación, el gobierno central se ve obligado a proporcionar transferencias corrientes y de capital a estas empresas. Esto tiene un impacto significativo en las finanzas públicas y aumenta la carga fiscal del sector eléctrico, justo la realidad que abordan desde la Anje.
“Desde ANJE, consideramos que para lograr un sistema eléctrico verdaderamente eficiente y que garantice el bienestar de todos, es fundamental enfocarse en modernizar las operaciones de las distribuidoras a través de la digitalización”, señala la publicación.
Esto implica dar prioridad a la supervisión de las pérdidas energéticas, que permitan gestionar, optimizar y analizar los posibles fraudes eléctricos que puedan ocurrir, señalan. Además, entienden es crucial identificar un equilibrio entre la modernización operativa y el aumento de la fiscalización, lo que nos permitirá integrar ambos aspectos para garantizar un sector eléctrico más eficiente y transparente.
