Un intenso debate ha generado en Colombia la radicación del proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria. Sin haber comenzado la discusión parlamentaria, la propuesta ha sido tildada por sectores opositores de ser una vía “exprés” para la “expropiación” de tierras, en medio de las aclaratorias de varios ministros sobre su alcance real.
Los medios y redes han estado colmados de escritos y entrevistas a miembros del gabinete, exministros y congresistas que han expuesto sus reparos y explicaciones detalladas sobre este instrumento legal, una de las apuestas más ambiciosas de presidente Gustavo Petro, que ha puesto el acento de su gestión en el histórico problema de la desigual tenencia de la tierra en Colombia.
El proyecto plantea “determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán”, entre los que se encuentran “la posesión y tenencia de la tierra”, las “servidumbres agrarias”, el “deslinde y amojonamiento de predios agrarios” y temas relacionados con la producción rural. Esta iniciativa también fija “reglas especiales” para que los procedimientos judiciales sean “expeditos y garantistas“, recoge una interacción de la Presidencia.
“En el pasado están sus privilegios”
El mandatario entró a esta diatriba política a través de sus redes, donde publicó que “siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia“, a pesar de conocer que la desigualdad fue el germen de la “violencia y el narcotráfico”. “Las fuerzas del pasado no quieren que el país avance porque en el pasado es que están sus privilegios”, agregó.
En una interacción que le respondió a Katherine Miranda, miembro de la Cámara de Representantes, aseveró que la opinión de la congresista tiene la mayor “carga de desconocimiento” que haya escuchado y le preguntó si no sabía que la expropiación se lleva a cabo para construir espacios y bienes de interés público.
“¿Cómo cree la representante que se construye actualmente el metro elevado o las troncales de Transmilenio, que hicieron los alcaldes que ella misma apoyó?”, interrogó.
Miranda ripostó a través de un video que Petro quería “llevar a categoría de utilidad pública cualquier predio para ser expropiado. Seamos claros y demos la discusión frente al país”, instó.
Un “anhelo” que casi cumple cien años
Varios ministros han detallado los alcances de este proyecto. Así, la titular de Agricultura, Martha Carvajalino, ha sido enfática en aclarar que no se debe confundir la expropiación con la confiscación y que ese modelo de venta forzada al Estado ya existe en el país desde 1926, y fue ratificado en la ley 160, de 1994.
Asimismo, pidió que el enfoque no se haga desde “los mitos, la angustia y el terror mediático” sino desde el cumplimiento de “un anhelo del pueblo colombiano, de más de 90 años”. Según un estudio de Oxfam, el 1 % de los colombianos es dueño del 81 % del territorio.
En la misma línea, la titular de Justicia, Ángela María Buitrago, negó que el proyecto trate de una “expropiación exprés”. Lo propio hizo su compañero de gabinete, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien escribió en X que el Gobierno no busca facultar a la estatal Agencia de Nacional de Tierras para que haga expropiaciones debido a que eso, por ley, le corresponde a los jueces.
Por su parte, la Comisión Nacional de Juristas agregó que la propiedad privada está protegida en el país y que solo se busca que los procesos agrarios especiales puedan ser revisados por un juez agrario.
La voces en contra también han surgido desde la tribuna de la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, quien estuvo en el cargo durante el mandato de Iván Duque. En su opinión, aunque la expropiación existe en la Constitución, le preocupa que se haga “sin el debido proceso, por decisión de un funcionario público y para un privado”.
Por su parte, el senador Honorio Henríquez aseveró que este proyecto fomenta la “invasión legal” de la tierra para “que no se pueda realizar desalojo”.
