Hace menos de un mes, un grupo de países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobó imponer medidas punitivas contra Caracas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, afirmó en una entrevista que los “próximos pasos lógicos” de un grupo de países de la región contra Venezuela podrían incluir el bloqueo de las comunicaciones y el acceso aéreo y marítimo.
Ribera dijo en una entrevista publicada en inglés por Financial Times que deben tomarse medidas “cada vez más estrictas” para presionar a Caracas, con la finalidad de que se convoquen “elecciones libres”. Venezuela aún no se ha pronunciado respecto a estas afirmaciones.
El pasado 23 de septiembre, 16 ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) acordaron imponer mayores sanciones contra Venezuela durante una reunión en Nueva York, EE.UU., que se hizo al margen de la 74° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Un problema para la seguridad”
Chile, al igual que los gobiernos de EE.UU. y de Colombia, considera que Venezuela “es un problema para la seguridad hemisférica” debido al aumento del número de migrantes venezolanos en otros países de la región.
Según el máximo representante de la diplomacia chilena, hay 400.000 venezolanos en su país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estiman que unos cuatro millones de venezolanos han salido Venezuela, en medio de la crisis económica que padece el país. El canciller chileno cree que la cifra puede llegar el año que viene a los siete u ocho millones.
Por su parte, Caracas ha catalogado las cifras como “infladas”, pero no ha presentado datos oficiales para contrastarlas.
Este planteamiento del país suramericano como “amenaza para la paz y estabilidad de la región” ha sido reiterado por Washington y por Bogotá, que en el mes de septiembre presentó ante la ONU un grupo de imágenes, que resultaron ser pruebas falsas de la supuesta presencia de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.
“Elecciones libres”
El canciller chileno afirmó que “todos los países de la región deben abogar por obligar al gobierno de Maduro a convocar elecciones libres y democráticas, con observadores internacionales”.
Ribera sugirió que la oposición venezolana debía ser pragmática y reconocer que las transiciones políticas democráticas “exigen sacrificios recíprocos”. “Nadie deja el poder para ir al infierno voluntariamente“, añadió.
Esta aseveración va en la misma línea de la “hoja de ruta” del diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien se autoproclamó como “presidente encargado” y es reconocido así por la Casa Blanca y la mayoría de los países del Grupo de Lima, cuyo lema es “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
Guaidó aduce que Maduro usurpa el cargo de la presidencia debido a que la oposición radical decidió no participar en las elecciones presidenciales, a las que catalogó como “ilegítimas”, en mayo de 2018. En esos comicios, el mandatario fue reelegido para el periodo 2019-2025 con 67,84 % del total de los votos y una participación de 46,07%, en un proceso arbitrado por el Poder Electoral.
Los dirigentes del sector opositor relacionado con Guaidó —a los que investigaciones de los cuerpos de inteligencia venezolanos han vinculado con intentos de golpe y con planes desestabilizadores— rechazaron medirse en los cuatro comicios que se han realizado desde 2017, debido a que desconocen a las autoridades electorales venezolanas.
Las sanciones del TIAR
Entre las sanciones que aprobó el TIAR en contra de Venezuela —que denunció al tratado en 2012, por lo que ya no pertenece a él—, se prevé la identificación de “personas y entidades asociadas” al Gobierno de Maduro, que estén supuestamente “involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional”.
También se decidió “identificar o designar” a personas que ejercen o han ejercido altos cargos públicos de la administración de Maduro, y que estén involucrados en hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Con esa identificación, el grupo de países pretende “utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables”, a quienes además se les congelarán los activos ubicados en los territorios de los Estados parte del TIAR.
Estas medidas punitivas, surgidas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Venezuela no pertenece desde abril de este año, se unen a las sanciones impuestas por EE.UU., que han causado el bloqueo de las cuentas del Estado en el exterior y confiscación de bienes por el orden de los 30.000 millones de dólares.
